El procurador estima hasta fin de año terminará la negociación con Odebrecht

Íñigo Salvador no anticipó una cifra estimada del monto que deberá cancelar la constructora brasilera al Estado.

22 ago 2019 / 14:23

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, es cauto. No lanza una cifra ni siquiera estimada del monto que deberá pagar la constructora brasilera, Odebrecht, al Estado ecuatoriano en el marco de las conversaciones para establecer una cantidad de indemnización por los sobornos y coimas pagadas a funcionarios ecuatorianos.

A lo que sí se aventura el abogado del Estado es a estimar que para fin de año tendrán resuelto el tema. “No puedo hablar todavía de un monto indemnizatorio. Es un proceso que involucra la participación de muchas entidades contratantes de la compañía Odebrecht. Tenemos que recibir los insumos de esas entidades públicas para saber cuál es el monto contratado, de ese monto cuanto corresponde a rubros ilícitos como coimas y sobreprecios, y solo al final podemos llegar a determinar cómo y en cuánto se va a indemnizar al Estado”.

La tercera reunión entre el Estado y representantes de la empresa prevista para el 24 de agosto de 2019 no se realizará en esa fecha, adelantó Salvador. Esperarán el retorno del secretario Anticorrupción, Iván Granda, para una próxima cita que se estima sea en la semana del 9 de septiembre próximo. En esta nueva cita se prevé recibir los informes de varias instituciones, fundamentalmente, del Servicio de Rentas Internas para conversar con los impuestos que debe la empresa al Estado.

“Una cosa es la obligación de Odebrecht con el Estado, como los impuestos, y una cosa distinta en indemnizar el daño causado”, precisó el procurador.

Hasta que esta tercera cita se dé, la mesa integrada por la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción mantendrá reuniones con dos instituciones que solicitaron participar: la Comisión Nacional Anticorrupión y el Municipio de Quito. La primera espera participar a través de una veeduría ciudadana que dé seguimiento al proceso. Mientras que la segunda lo pidió a la luz de los dos contratos que involucran al gobierno capitalina manchados con supuestos sobornos: Ruta Viva y el Metro de Quito. “Lo que ocurrirá que el proceso que se estimaba dure tres meses se prolongue algo más. Inicialmente se habia calculado hasta fin de año, pero vamos viendo como se van dando las cosas. Quisiera creer que hasta fin de año tendremos resuelto este tema”.

Salvador precisó que las conversaciones no tienen como propósito que la empresa brasilera regrese al país. “Esa no es nuestra competencia. Para que cualquier compañía pueda contratar con el Estado tiene que entenderse con el Servicio de Contratación Pública. Lo único que buscamos es que se determine un monto indeminizatorio que sea justo”.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

TAGS:
A LA CARTA