El secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, respondió a este Diario a un pedido de comentario sobre los chats entre un funcionario de Presidencia y un asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los que conversar sobre reformas a reglamentos de concursos, reuniones en el Palacio de Carondelet para discutir estas,  análisis jurídicos sobre decisiones del pleno que vienen redactados desde la Presidencia y confirmación de nombres de postulantes a comisionados ciudadanos.

En la respuesta, el secretario reconoció que todas las conversaciones “se han dado en el contexto de la coordinación interinstitucional al que están obligados las funciones del Estado en virtud de la Constitución”. A continuación procede a citar dos artículos, uno de la Constitución y el otro de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.

El primero (el 226) establece que “las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

Mientras que el segundo apartado legal (el 2) reza que “el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los principios constitucionales se regirá por los siguientes: 8. Complementariedad.- El Consejo propiciará una coordinación adecuada con otros organismos de las Funciones del Estado, los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía. Podrá requerir la cooperación de otras instancias para alcanzar sus fines”.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea, según adelantó a EXPRESO su titular Ferdinan Álvarez, analiza convocar a  Alejandro Gallo, asesor del CPCCS, y al consejero presidencial, Aparicio Caicedo, a que comparezcan ante el pleno de la mesa legislativa y expliquen el contenido de las conversaciones.

Caicedo explicó a este Diario que fue Sofía Almeida, entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, quien solicitó la colaboración de la Presidencia de la República para esclarecer aspectos legales en torno a los concursos. Y que este es un gesto común de cooperación interinstitucional.