La situación es insostenible. La deuda que mantiene el gobierno del presidente Lenín Moreno con las prefecturas del país pone en riesgo la ejecución de obras e incluso el pago de sueldos y salarios para los empleados. Según los líderes seccionales, la deuda asciende a 300 millones de dólares solo con los gobiernos provinciales. Una cifra que en ciertos lugares motivaría la suspensión de actividades.

Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, explicó que por primera vez en su gestión pagó solamente el 50 % de los salarios del personal. Además, los funcionarios del nivel jerárquico superior no recibieron ningún monto. ¿El motivo? La deuda que mantiene el gobierno central con la provincia supera los seis millones de dólares. 

Mañana, 2 de julio de 2020, los prefectos de todo el país mantendrán una reunión para analizar acciones conjuntas para pedir el pago de deudas. En el programa radial A Primera Hora, el prefecto dijo que no se descarta iniciar acciones legales ante el Consejo de la Judicatura. 

La medida sería similar a la tomada por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, días atrás. Ella presentó un recurso para exigir once millones de dólares que le debe el gobierno central por la devolución de IVA. En total, la administración de Moreno debe más de 40 millones al gobierno de Pichincha. 

Otra medida que será estudiada tiene que ver con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Los prefectos piden que se acelere y se cumpla un juicio político contra el funcionario en la Asamblea Nacional.