Pólit está en la mira de la Asamblea y de la Fiscalía

PAIS analizará mañana un juicio político al contralor. Cuenta con los votos para destituirlo. Una investigación por presunta concusión fue abierta.

05 jun 2017 / 00:00

Bajo la lupa por dos frentes. El contralor Carlos Pólit, reelecto este año por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está en la mira de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado. El bloque oficialista de Alianza PAIS busca su enjuiciamiento político y la Fiscalía su encausamiento penal.

En el Legislativo, su presidente José Serrano anunció en su cuenta oficial de Twitter que convocó a su agrupación para un único planteamiento: llamar a juicio político al contralor General del Estado. Ese encuentro será mañana. Una reunión previa y reservada con los titulares de comisiones y coordinadores oficialistas tenía previsto cumplirse ayer, pasadas las 18:00.

De concretarse el pedido, Pólit se convertiría en el primer funcionario en ser llamado a juicio político durante los 10 años del actual régimen. Es uno de los investigados en el caso de los presuntos sobornos entregados por la empresa Odebrecht. Su casa fue allanada el pasado viernes, aunque aún no es precisa su participación en el caso.

Según el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el pedido necesita 34 firmas de respaldo (una cuarta parte de los legisladores) para presentarlo al presidente de la Asamblea Nacional.

La solicitud deberá ir al Consejo de Administración Legislativa y en los siguientes tres días verificará los requisitos e iniciará el trámite. El presidente de la Asamblea, por medio de la Secretaría, enviará la solicitud y los documentos a la Comisión de Fiscalización para que sustancie el trámite.

En cinco días, Fiscalización avoca conocimiento y verifica que se cumpla el artículo 131 de la Constitución que faculta a la Asamblea a enjuiciar políticamente cuando existan incumplimientos de funciones de ministros, procurador, contralor, fiscal, defensor del Pueblo, defensor Público, superintendentes, miembros del Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana.

La Constitución establece que para la censura y destitución se requerirá de la mayoría absoluta, a excepción de los ministros, miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura que son las dos terceras partes.

PAIS, según las cifras y los votos, no necesitaría recurrir a la ayuda de la oposición. De momento, tampoco existe una postura clara de apoyo de las otras bancadas legislativas. El legislador y vocal del Consejo de Administración Legislativa, Luis Fernando Torres, reconoce que PAIS puede actuar por sí solo y también destaca lo “oportuno” e “interesante” del anuncio de Serrano dada la situación del contralor.

El asambleísta Roberto Gómez, de la alianza CREO-SUMA, insiste en que deberían caer todos los involucrados en el caso de corrupción, sin manifestar una clara postura sobre el planteamiento del oficialismo. Hoy está previsto que el bloque opositor anuncie las acciones que tomará entorno al caso.

El Legislativo no es el único frente contra Pólit. Además, el viernes pasado, la fiscal subrogante, Thania Moreno, comunicó a la Corte del inicio de una investigación en contra del contralor por presunta concusión. Esa norma castiga con entre tres y cinco años de cárcel a quien abusando del cargo o por medio de terceros ordene o exija la entrega de cuotas o contribuciones no debidas.

El contralor, quien obtuvo el mejor puntaje entre 14 postulantes (95 sobre 100 puntos) al concurso, está en Miami, Estados Unidos, con una licencia por enfermedad. Desde ese país otorgó, dos días antes de los allanamientos del viernes, un poder amplio para que su abogado Jorge Acosta lo patrocine en procesos que se pudieran instaurar en su contra en el país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, a finales de diciembre pasado, la lista de países en los que la constructora brasileña pagó sobornos. En Ecuador habría entregado 33,5 millones de dólares.

Los asambleístas

Vicente Taiano (PSC)

“En 10 años tuvimos una Asamblea inerte, pero dada la naturaleza de los hechos llegó el momento de que esa facultad fiscalizadora se vuelva una realidad. Debemos como Asamblea exigir que la justicia actúe con independencia y celeridad”.

Roberto Gómez (CREO)

Exigimos que caigan todos

“Es la ciudadanía la que exige que se investigue todos los actos de corrupción de los 10 años del llamado gobierno de la revolución ciudadana. Nosotros desde la oposición y como ciudadanos exigimos que caigan todos los que tienen que caer”.

Hermuy Calle (PAIS)

“Hay un escándalo mayúsculo en donde está involucrado quien debía controlar el interés del Estado. De los resultados de las indagaciones que se iniciaron lo mínimo que podemos hacer es ejercer nuestra capacidad de control político”.

Wilma Andrade (ID)

Esperemos la convocatoria

“Es un paso importante para tener información del juez de cuentas. Él debería haber hecho conocer los temas de manejo indebido de recursos públicos en su debido momento. Esperemos que la convocatoria se dé y no sea un elemento aislado”.

Anticorrupción

El Frente se instala hoy

El presidente Lenín Moreno participará hoy en la instalación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que convocó oficialmente hace pocos días. El evento será en el Palacio de Carondelet. Según la Secretaría Nacional de Comunicación, el acto no será abierto a la prensa nacional porque no “existirá una ceremonia de posesión, en términos protocolarios”. La prensa oficial será la única autorizada.

Paralelamente, en Guayaquil, el movimiento Unidad Popular presentará ante la Fiscalía del Guayas un pedido de medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, en contra de todos los funcionarios involucrados en el caso Odebrecht.

Inconsistencias

Caso Odebrecht: tres meses para desvirtuar los cargos

El viernes pasado seis personas fueron procesadas por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Sus cuentas eran poco claras.

La revelación se hizo durante la formulación de cargos efectuada para Ramiro Rivera (tío del vicepresidente Jorge Glas), Carlos Villamarín, Kepler Verduga, Rubén Terán, Gustavo Massuh, José Catagua. Las seis personas afrontan una instrucción fiscal.

Cinco de ellos recibieron prisión preventiva y el sexto procesado permanecerá con arresto domiciliario los 90 días que tome la instrucción.

La fiscal Diana Salazar detalló que según la información entregada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), dentro del ranking de proveedores de la empresa constructora Odebrecht, se encuentran las empresas Transpyase y Serviconty. Esas firmas también constan en la base del SRI como empresas de fachada o fantasma, dijo la fiscal Salazar.

Entre los proveedores de Odebrecht figuran las compañías Diacelec y Equipos y Trabajos, Equitransa, las mismas que, según expuso la fiscal, presentan actividades presuntamente inusuales.

Salazar detalla que Diacelec, de acuerdo con lo informado por el SRI, registra ventas efectuadas a la empresa Odebrecht por 58’070.546,73. Pero, según la información de la Unidad de Análisis Financiero, la firma registra 52’845.659 de ingresos con una diferencia 5’224.887,73 de dólares (ver cuadro).

Añade que dentro de los acreedores de Diacelec está Villamarín, quien registra 218.619,14 dólares que no se ha justificado su procedencia.

En los tres meses que tomará la instrucción los sospechosos deberán presentar elementos que desvirtúen las acusaciones de la Fiscalía.

El delito de asociación ilícita se castiga con una pena de entre tres y seis años de cárcel, según el Código Penal anterior con el que se sustancia el proceso.

MCV

La Contraloría hizo una última acción de control a bienes del fiscal Baca

Dentro de sus acciones de control, la Contraloría General del Estado registra en 2017 dos informes de declaraciones juradas de bienes del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

La última se refiere a la presentada por el funcionario al finalizar su gestión como consejero de Gobierno en la Presidencia de la República, cargo que ejerció desde el 15 de junio de 2014 hasta el 11 de enero de 2017.

A su salida de esa entidad pública, Baca declaró tener un patrimonio por $ 199.401,44 (activos por $ 426.899,73 y pasivos por $ 227.498,29).

Al comenzar su función de Fiscal General del Estado, el pasado 11 de mayo, presentó en su declaración de bienes un total de $ 211.095,73 como patrimonio (activos por $ 426.410,45 y pasivos por $ 215.314,72).

En su historial como funcionario público, Baca también ha desempeñado cargos, desde 2009, en la Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y en los ministerios de Coordinación de la Política, de Inclusión Económica y Social, de Coordinación de Desarrollo Social y del Interior.

El fiscal está ahora enfrentado con Carlos Pólit, titular de la Contraloría, por las últimas acciones que dispuso dentro del caso Odebrecht (investigación previa y allanamiento de vivienda).

El pasado viernes, Hernán Ulloa, abogado de Pólit, manifestó que la vinculación del contralor a presuntos hechos de corrupción obedecería una represalia de Baca, por cuanto la Contraloría presentó hace pocos días en su contra un informe con indicios de responsabilidad penal. MAS

Datos

Acusación

El contralor, a través de su abogado, dijo que van a “demostrar la ilegalidad de las acciones tomadas por la Fiscalía”.

Respuesta

“No actuaremos con represalias ni en contra de nadie. Investigamos infracciones penales”, respondió Baca en su cuenta de Twitter.

Ausencia

Pólit salió del país el 26 de mayo. El 31 dejó un poder de representación al abogado Jorge Acosta.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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