El dilema que frena la acción policial

Una mujer fue asesinada frente a policías. Autoridades ratifican el uso de la fuerza.

Quito /
21 ene 2019 / 00:01

Lo que está escrito en el papel choca con la realidad. La actitud de un grupo de policías que presenció, por casi 90 minutos, una retención involuntaria que terminó en asesinato y no usó su armamento para evitarlo, encendió el debate sobre los límites y obligaciones que tienen los uniformados al enfrentar actos delictivos.

El suceso ocurrió la noche del sábado en el centro de Ibarra. En las imágenes se ve a Jordy Rafael Lozada Garcés, de nacionalidad extranjera, sosteniendo un cuchillo con su mano derecha y con la izquierda a una mujer identificada como Diana Carolina Ramírez Reyes de 26 años en estado de gestación. Ambos eran pareja desde hace algunos meses.

Del otro lado, los uniformados apuntando con sus pistolas al sujeto que en un forcejeo infligió a la joven varias heridas mortales. La indignación ciudadana se manifestó: unos cargaron la responsabilidad a los gendarmes y otros los defendieron aduciendo que si disparaban “ellos primero iban presos”. La respuesta del Gobierno fue la destitución de la gobernadora Marisol Peñafiel y del mando policial local.

¿Hay alguna normativa al respecto? En 2014 el Ministerio del Interior emitió el “Reglamento de uso legal, adecuado, proporcional de la fuerzas para la Policía Nacional del Ecuador”. En el documento se especifican diferentes niveles y procedimientos para estos casos.

En esencia, dice que se hará uso de armas de fuego con munición letal “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro actual, real e inminente de lesiones graves o de muerte, o con el propósito de evitar la comisión de un delito grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia (...)”.

El excomandante de la Policía, Ramiro Mantilla, considera que, con base a este precepto, los policías debieron reducir al sospechoso de forma gradual haciendo uso de las armas de dotación.

Sin embargo, reconoce que entre los uniformados existe un temor fundado: “mientras fui comandante vi muchos casos de policías que, por cumplir con su trabajo, fueron acusados de homicidio. Hay una desconexión entre lo que dice el reglamento y la actuación de jueces y fiscales”, le dijo a EXPRESO.

Hace dos semanas, el mando policial y la ministra del Interior, María Paula Romo, acudieron a la Comisión de Seguridad de la Asamblea. El legislador Fabricio Villamar abordó el caso de un hombre que amenazó a ocho policías con un machete en Santo Domingo de los Tsáchilas y finalmente se dio a la fuga.

“Les pregunté ¿qué necesitan para actuar, qué les impide actuar y abatir a un delincuente en un caso así? Me explicaron que existe la normativa y está claro el tema del uso progresivo de la fuerza. Pero existe una parte subjetiva que es la valoración del policía sobre las decisiones que debe tomar en ese momento”, le dijo el asambleísta a este Diario.

Romo ratificó ayer que ha hablado con el alto mando policial para decirles que la ley faculta a los uniformados a usar la fuerza. Pero además de la facultad “tienen el deber de hacerlo”, señaló la ministra.

El presidente Moreno también se pronunció ayer mientras viajaba a Suiza. “Es deber de la Policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen todo mi respaldo”, escribió el mandatario.

El respaldo vino acompañado de un anuncio. El presidente, en clara respuesta a la nacionalidad del agresor, ordenó la creación de brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos en las calles, lugares de trabajo y fronteras. No descarta implementar un permiso especial de ingreso al país.

Luego del incidente del sábado, varios pobladores de Ibarra agredieron con piedras a otros venezolanos que se encontraban en la ciudad. Muchos decidieron tomar sus pocas pertenencias y salir con destino a Quito para evitar incidentes.

El suceso también provocó la reacción de candidatos a las elecciones seccionales y líderes políticos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que el problema de la violencia contra la mujer no se soluciona únicamente con formación. “En mi opinión personal quien viole o mate a una mujer debe ser condenado a cárcel de por vida”, señaló en un comunicado.

Reacción oficial

Uniformados a investigación

El alto mando policial reconoció ayer que se cometieron errores mientras se atendía el suceso que terminó con la vida de una mujer en Ibarra.

Por ejemplo, no se hizo un adecuado acordonamiento de la zona y tampoco se ponderó el real peligro que significaba la actitud del sospechoso.

El comandante de la Policía, Nelson Villegas y la ministra del Interior María Paula Romo estuvieron ayer en Ibarra y tomaron algunas resoluciones.

Una de estas es el inicio de una investigación interna a los policías que atendieron la emergencia y la remoción de los oficiales a cargo de la provincia. También fue retirada la gobernadora Marisol Peñafiel.

Romo anunció que se analiza la compra de armamento no letal para la policía para que esta no pase “de las palabras a la pistola”, directamente.

La Fiscalía formuló la tarde de ayer cargos por presunto femicidio en contra de Jordy Lozada Garcés. La instrucción fiscal durará 30 días, mientras tanto el sospechoso fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi

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