Una mujer, quien llegó hasta una de las sedes del Consejo de la Judicatura, en Quito, denunció haber sido violada por un uniformado de la Policía que libaba en una de las bodegas de la Institución. Esto, en complicidad de un civil que aguardaba en la puerta del lugar y que "no hizo nada para evitar que el presunto delito se cristalice". Así lo informó este 23 de noviembre la Fiscalía en un comunicado, en el que hace un recuento del hecho y detalla el proceso legal en contra de los dos acusados. 

Según la Fiscalía, basado en un parte policial, la víctima, de 21 años, acudió al edificio sede del Consejo de la Judicatura para pagar un dinero al civil ahora procesado, quien se encontraba de guardia en la Institución. Ella habría ingresado hasta un espacio destinado para bodega, donde estaba el civil ingiriendo licor con un uniformado que cumplía su turno.

"Las horas pasaron y el gendarme de turno se quedó a solas con la mujer agredida. La violación se habría registrado durante la madrugada del 22 de noviembre del 2022. La víctima pidió ayuda a gritos, pero el civil, quien aguardaba afuera de la bodega, no hizo nada para evitar que el presunto delito se cristalice", recuenta en un informe la Fiscalía.

Según lo expuesto por la Fiscalía, la joven abusada intentó alejarse de la escena a bordo de un taxi, "pero los procesados evitaron que se fuera, pagándole tres dólares al taxista. Ella fue obligada a regresar al edificio del Consejo de la Judicatura, mientras clamaba por ayuda".

Minutos más tarde, la Policía Nacional llegó al lugar y, tras haber aprehendido a los sospechosos y trasladados hasta la Unidad de Flagrancia, donde se desarrolló la audiencia para resolver su situación jurídica, se realizó un acompañamiento a la víctima.

Nadia Proaño, fiscal de turno encargada de la diligencia, formuló cargos por violación. Para ello, presentó como elementos de convicción, ante el Juez de Garantías Penales, el examen ginecológico practicado a la víctima, la denuncia contra los involucrados, la entrevista preliminar, la versión del agente aprehensor, el informe de inspección ocular técnica y la recopilación de catorce indicios.

Sin embargo, el juez del caso otorgó a los procesados las medidas alternativas, como  presentaciones periódicas y uso del grillete electrónico. Esto pese a que la fiscal Nadia Proaño solicitó la prisión preventiva para los dos acusado. "Aunque Fiscalía sí motivó el pedido de la medida cautelar privativa de libertad, el Juzgador resolvió que no se cumplió con el requisito del numeral 3 del artículo 534 del COIP", aclara Fiscalía.

El Magistrado dictó como medidas de protección a la víctima, la prohibición a los procesados de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, "en cualquier lugar donde se encuentren. También ordenó el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o la víctima, al igual que sus hijos menores de 18 años, de ser el caso.

Este Diario solicitó un pronunciamiento a la Policía Nacional sobre este caso, pero hasta la publicación de este articulo no se concretó la comunicación.