Será un proceso bajo control correísta. Dos legisladores de esa bancada cumplirán el papel de interpelantes en el juicio político al excontralor Pablo Celi, que arranca hoy a las ocho y media de la mañana en el Pleno de la Asamblea: Juan Cristóbal Lloret, quien ya lo hizo ante la Comisión de Fiscalización, y la joven Viviana Veloz, sin experiencia legislativa. La semana pasada, los correístas habían acordado, por iniciativa propia, compartir esa responsabilidad con la bancada de CREO. Pero la noche del jueves, sin dar explicaciones, cambiaron de opinión. Con eso se aseguran de mantener la interpelación dentro de márgenes que les resulten inofensivos. Sin embargo, la decisión amenaza con complicar el juicio y pone al Pleno de la Asamblea ante una difícil disyuntiva.

CREO pagó sus propios errores: cuando el juicio político estaba por comenzar, se abstuvo de participar en él por razones incomprensibles. En consecuencia, Lloret quedó a cargo como interpelante único ante la Comisión de Fiscalización. Ahora que el proceso pasó al Pleno, la ley dispone que los interpelantes sean dos: el propio Lloret y otro asambleísta de su elección. El correísmo quiso desde el principio que ese segundo nombre viniera de otra bancada, para darle mayor representatividad al juicio. Mario Ruiz, de Pachakutik, considerado inicialmente, fue descartado en cuanto comenzó a cuestionar la legalidad del proceso. Entonces, los propios correístas propusieron a Diego Ordóñez, de CREO. Ordóñez pasó todo un día documentándose en la Comisión de Fiscalización y estaba listo para poner sobre la mesa aquellas cuestiones que Lloret lleva omitiendo desde el primer momento.

Un ejemplo: en el caso del contrato firmado por la Contraloría con la empresa de Daniel Salcedo, Lloret argumenta que se incumplieron requisitos, pero calla lo más importante: que esa empresa estaba glosada por la misma Contraloría por un contrato insólito con el gobierno de Correa. Otro: en el caso del cobro de sobornos para el desvanecimiento de glosas, Lloret pasa por alto que primero hubo cobro de sobornos para adjudicación de contratos, lo cual ocurrió, claro, en el gobierno de Correa. “Celi es una pieza de una maquinaria de corrupción de 14 años y no se lo puede juzgar fuera de ese contexto”, declaró Ordóñez a este Diario para explicar cómo habría enfocado su papel de interpelante.

Con dos correístas a cargo, el juicio político se centrará, sobre todo, en lo que para Lloret ha sido la acusación estrella: la supuesta arrogación de funciones de Pablo Celi. En la comisión, solo su bancada defendió esta causa. Las demás la descartaron por varias razones. Primero, implica desconocer todo lo actuado por el contralor desde 2017, lo cual es precisamente el objetivo declarado de Lloret. Con ello, no pocos correístas (asambleístas incluidos) se verían librados de sus millonarias glosas. Acarrearía además un conflicto con lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que ratificó a Celi como contralor, y con la Corte Constitucional, que blindó las decisiones del Consejo. Por último, crearía un trampantojo jurídico: si Celi se arrogó funciones, entonces no ha sido nunca contralor; y si no lo ha sido, ¿cómo puede someterlo a juicio político la Asamblea? Sería un caso penal, no político.

El problema que afrontará hoy el Pleno (más exactamente: las bancadas no correístas del Pleno) no es poca cosa. Ocurre que solo los asambleístas interpelantes pueden presentar moción de censura y está claro que los dos de este juicio presentarán la misma: por arrogación de funciones. Un interpelante de otro partido habría propuesto la censura del excontralor por otras causas y el Pleno habría tenido de dónde elegir. Como están las cosas, la Asamblea se debatirá ante una difícil disyuntiva: o se abstiene de censurar a Celi, cosa que resulta políticamente indigerible, o permite que los correístas se salgan con la suya. Que también.

El detalle

Jornada maratónica. Los interpelantes tienen dos horas para exponer el caso. Celi, tres para defenderse. Habrá una hora de réplica antes de abrir el debate.

Denuncia penal

Un asalto a la Contraloría

Fernando Villavicencio cambia de escenario. Hoy, a las 08:00, presentará en la Fiscalía una demanda por desaparición de informes con responsabilidad penal y delincuencia organizada. Según él, la transición de Carlos Pólit a Pablo Celi fue un asalto a la Contraloría fraguado por Carlos Baca, César Navas, José Serrano y Homero Arellano para limpiar sus registros.