Cinco días más de retraso. El plan piloto para el censo a los privados de libertad en todo el país estaba planificado para el pasado 15 de diciembre, pero ahora será el 20 de este mes. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se informó a Diario EXPRESO que se “coordinó y avanzó en acciones” para que el piloto del censo inicie el próximo lunes, señaló el equipo de comunicación de la entidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), encargado de la contabilidad y registro de los presos en todo el país, el retraso se dio por la falta de garantías de seguridad para ingresar a los centros de reclusión y hacer el trabajo correspondiente.

“SNAI se encuentra afinando un protocolo de seguridad y estableciendo las fechas en las que el personal del INEC pueda ingresar a los centros de rehabilitación social para la ejecución del operativo piloto como parte del censo penitenciario”, se informó en un mensaje de la institución.

No obstante, desde el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) no se reveló mayores detalles de la logística.

La titular del organismo técnico, la secretaria de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez,    indicó que este trabajo tripartito tiene un apoyo de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que va entre los $155.000 a $200.000. El objetivo es que el censo total se desarrolle en las primeras semanas del año entrante. Este censo es el paso para cumplir con la política pública de tener una división de presos acorde a sus niveles de peligrosidad y por el tipo de delitos cometidos.

• Pacificación

Firma del decreto presidencial

Este jueves, el presidente Guillermo Lasso cumplirá agenda en la Gobernación del Guayas desde las 09:30 para la firma del decreto presidencial relacionado a la comisión para el diálogo penitenciario y la pacificación. La cita se da después de que la Iglesia católica y la evangélica hayan señalado que no se los volvió a convocar para avanzar en el proceso de pacificación en las cárceles del país; anunciado en el mes de octubre, tras las masacres ocurridas en septiembre y noviembre de este año. En este proceso también participa la Defensoría del Pueblo.