Perú, el país con el récord mundial de presidentes procesados por la Justicia, elige esta semana a su nuevo gobernante, una ardua decisión entre dos extremos: el de Pedro Castillo (izquierda) y el de Keiko Fujimori (derecha), quien de hecho ya afronta un pedido fiscal de más de 30 años de prisión.

El que gane ocupará un sillón presidencial donde todos los que se han sentado desde 1985 han terminado investigados, arrestados o encarcelados, a excepción de los presidentes interinos Valentín Paniagua (2000-2001) y Francisco Sagasti (2020-2021).

Por encima de todos destaca Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y por la gigantesca red de corrupción que, junto a su súper asesor Vladimiro Montesinos, instauró en el aparato estatal.

Con diversas condenas en su haber y juicios aún activos, el padre de la candidata Keiko fue sentenciado por haber amparado desde el poder el asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 10 años, a manos del grupo militar encubierto Colina en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

ODEBRECHT, CORRUPCIÓN DE LARGO PLAZO

El resto de presidentes que le siguieron están procesados desde 2016 por el caso Odebrecht, la constructora brasileña que sobornó altos funcionarios en una docena de países de Latinoamérica para ganar millonarias adjudicaciones de obras públicas.

Sólo en Perú las investigaciones han llegado hasta las más altas esferas. Como si fuese un virus, la turbia influencia de Odebrecht contagió a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), el fallecido Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Toledo está imputado por haber recibido unos 34 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a través de un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.

De momento, Toledo está en libertad en California a la espera de que la Justicia estadounidense evalúe su extradición a Perú, donde ya le espera una orden de prisión provisional por 18 meses mientras es juzgado.

ALAN GARCÍA, ANTES MUERTO QUE DETENIDO

Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza en 2019 cuando iba a ser detenido por la Policía, después de que sus presuntos testaferros comenzasen a confesar pagos de Odebrecht en cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA).

"Dejo mi cadáver como muestra de desprecio a mis adversarios", decía la nota escrita por García, que siempre sostuvo que se trataba de una persecución política.

Humala y su esposa Nadine Heredia pasaron casi diez meses en prisión provisional imputados por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales al supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht.

Y a sus 82 años, Kuczynski lleva dos años en arresto domiciliario mientras es investigado por presuntamente haber recibido dinero ilícito de Odebrecht cuando era ministro en el Gobierno de Toledo.

PPK, como se le conoce por su siglas, dimitió en 2018 para evitar ser destituido por el Congreso cuando se descubrió que supuestamente ocultó esos pagos ilícitos en presuntas asesorías ficticias.

NI VIZCARRA NI MERINO SE SALVAN

A Kuczynski le reemplazó su vicepresidente Martín Vizcarra (2018-2020), que juró cortar de raíz con toda esa corrupción hasta que se descubrieron una serie de presuntos sobornos que recibió cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

Esa fue la excusa a la que se aferró el Congreso, dominado por la oposición, para destituir a Vizcarra por "incapacidad moral permanente" y asumir el Poder Ejecutivo en la figura del efímero Manuel Merino, que también está procesado pese a que solo estuvo en el cargo cinco días.

Merino está imputado por homicidio y lesiones graves en las muertes de Into Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes manifestantes muertos por disparos de la Policía durante la represión a la gran manifestación del 14 de noviembre pasado que forzó la dimisión del interino mandatario.

KEIKO PROMETE EL INDULTO A FUJIMORI

Sagasti tomó las riendas del Ejecutivo y será quien ceda el mando a Castillo o Fujimori, quien ya prometió indultar a su padre pese a que a éste la queda prácticamente la mitad de su condena por cumplir.

De ganar, Keiko eludiría durante su mandato un eventual juicio por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales.

Los antecedentes de Fujimori son el principal escollo de muchos peruanos para votar por ella, que representa el continuismo del modelo económico neoliberal instaurado en Perú por su padre, frente al reformismo de Castillo, que aboga por una nueva Constitución y la nacionalización de recursos naturales.