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Participación: el costoso mecanismo para la selección de autoridades

En la última década se han destinado unos $ 8 millones en concurso de elección. El Consejo ya arma un presupuesto para elegir al nuevo contralor

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Asistencia. Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social durante una comparecencia a la Asamblea.Cortesía

Oneroso y con resultados cuestionados. Aunque las cifras no son del todo transparentes, la designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) le han costado al país cerca de ocho millones de dólares en los últimos diez años.

La cifra puede aumentar en las próximas semanas. Luego de aprobar el reglamento para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, el organismo se encuentra echando números para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para el concurso.

De entrada, la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, se atrevió a dar un valor, secundada por el consejero Juan Dávalos. Dijeron que el proceso, que se extenderá por unos seis meses, requerirá al menos $ 400.000.

Esto generó críticas tanto dentro como fuera del organismo, lo que obligó a manejar con más cautela el monto que se solicitará al Gobierno, aunque tampoco se prevé que se aleje demasiado del primer anuncio.

Consultado por EXPRESO sobre a cuánto mismo ascenderá el presupuesto para elegir al contralor, el vicepresidente del CPCCS, David Rosero, dijo que los equipos técnicos todavía se encuentran trabajando para optimizar la propuesta, pero garantizó que será menor a lo que se necesitó para reelegir a Carlos Pólit, ahora prófugo de la justicia, en 2017.

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En el informe de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación transitorio, con datos de la subcoordinación de Gestión Administrativa, se señala que para ese concurso se destinaron cerca de $ 400.000. Después del concurso, Pólit estuvo pocos meses al frente de la Contraloría y sobre él pesa una sentencia de seis años por el delito de concusión.

El Consejo transitorio dispuso que Pablo Celi se mantenga como contralor subrogante hasta que finalice el período para el que fue seleccionado Pólit (marzo de 2022), pero ahora el funcionario también guarda prisión preventiva en Quito, mientras se lo investiga por posible delincuencia organizada.

Entre 2016 y 2017 se destinaron 1,9 millones de dólares para iniciar o concluir los concursos de designación, o renovar parcialmente a nueve entidades del Estado. Muchos procesos quedaron truncados tras la consulta popular de 2018, que cesó en funciones a los integrantes del CPCCS y ordenó la evaluación y terminación de los períodos, de ser necesario, de las autoridades elegidas hasta entonces por el organismo.

Volviendo a la elección del contralor, la consejera Ibeth Estupiñán justificó el monto del que se viene hablando en los últimos días. La funcionaria detalló los gastos que implican los procesos de este tipo.

“La convocatoria debe hacerse en tres diarios de circulación nacional; hay que transcribir a los idiomas oficiales que tiene el Ecuador. Los comisionados ciudadanos van a recibir una remuneración económica y se necesita contratar un equipo técnico que dé soporte a la Comisión Ciudadana de Selección”, detalló Estupiñán.

A eso se suma que el CPCCS asegura que necesita un software que le permita subir a una plataforma los nombres y documentos de los postulantes, y que los equipos informáticos con los que cuenta datan de hace más de cinco años.

No todos están de acuerdo con la cifra. Antes de dejar el poder, el gobierno de Lenín Moreno aprobó un presupuesto para la selección de algunas autoridades, como el defensor público, concurso para el cual se destinarán $ 195.000. El consejero Francisco Bravo considera que esa cifra debe ser tomada como referencia y no excederse en los gastos, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país.

Cálculos

Reducción de entre el 35 % y 40 %

Según la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, el concurso para la selección del contralor que se deberá posesionar en 2022, si no hay una disposición diferente de la Corte Constitucional, tendrá una reducción presupuestaria de entre el 35 % y 40 %.

Esto con relación a lo que destinó este mismo organismo en 2017 para el concurso del que resultó ganador Carlos Pólit que Almeida asegura costó unos $ 600 mil. La cifra es polémica porque en una sesión anterior del CPCCS se dijo que fueron 500 mil dólares y en la rendición de cuentas del transitorio se habla de $ 372 mil.

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