Se miran con desconfianza. En la Asamblea Nacional hay la sensación de que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se aceleran los procesos de designación, especialmente del contralor general del Estado, antes de que lleguen al pleno los pedidos de juicio político.

Desde el CPCCS lo mismo, pues consideran que la intención del Legislativo es censurar y destituir a la nueva mayoría conformada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, y mantener a quienes consideran afines a Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y una facción de Pachakutik.

Lo cierto es que en casi un mes desde que tomó el control del CPCCS, la nueva mayoría calcula que ha avanzado en un 20 % en los ocho concursos de méritos y oposición y cuatro designaciones por ternas enviadas desde el Ejecutivo que tiene a su cargo.

Ese porcentaje no será suficiente para nombrar a tiempo al nuevo contralor general del Estado, cuya fecha límite concluye el 15 de marzo. Tras la remoción de Sofía Almeida de la presidencia, el siguiente paso fue reformar el Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición.

El consejero Bravo reconoce que están yendo rápido porque heredaron un importante retraso, pero sin saltarse los procedimientos que establece la ley, por lo que estima que para julio o agosto podría estar listo el nuevo contralor. “Los que al parecer tienen apuros, incluso saltándose lo que dice la normativa, son ellos (los asambleístas), que ya no tienen el traje a la medida que crearon para designar autoridades y por eso la desesperación por recuperar la mayoría”, señaló.

Bravo se refiere a la intención que las tres organizaciones políticas tendrían para que, una vez apelada la presidencia de Guadalupe Llori, se pueda incluir una moción para avanzar primero con el juicio político a los cuatro miembros del CPCCS, relegando el del procurador y de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que llegaron antes.

Darwin Pereira, que es parte del grupo disidente de Pachakutik, lo niega. Sostiene que la hipótesis de que la intención de la nueva mayoría es cooptar la presidencia de la Asamblea para ir por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e incidir en la selección de autoridades no corresponde a la realidad.

“No dan los tiempos, pero aún más importante es que ni la ley permite a la Asamblea saltarse o tumbar el orden de los juicios políticos programados. Tenemos en fila el juicio al contralor, al procurador y a los consejeros del CNE. Cada uno no dura menos de 45 días, a no ser que alguno de esos pedidos sea retirado, algo que de seguro no pasará”, argumentó el legislador.

Esta semana será determinante para conocer si las sospechas de Bravo tienen sustento o si, por lo contrario, los detractores de Llori desistieron de su idea de censurar y destituir a los cuatro integrantes de Participación.

Superintendencia

A los 11 concursos y designaciones que tiene en cola el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se sumó uno más en los últimas días.

El organismo deberá nombrar de una terna enviada por el Gobierno al titular de la Superintendencia de Protección de Datos, cargo que fue creado con la aprobación de la Ley de Protección de Datos en 2021.

La semana pasada se aprobó el reglamento y la convocatoria a la conformación de una veeduría ciudadana.