El pago de diezmos en la Asamblea llega a la Fiscalía

La entidad de control investigará la entrega de $ 9.000 a cambio de un cargo. Elizabeth Cabezas anunció que también se tomarán medidas administrativas.

Quito /
08 sep 2018 / 00:01

La negociación económica que, supuestamente, Tito Puanchir, de las filas de Pachakutik, hizo por el cargo de ‘asesor nivel 1’ en su despacho, es el primer caso que llega a la Fiscalía General para ser investigado. Dos más, en contra de Karina Arteaga (PAIS) y Raúl Auquilla (PSC), están en camino, según han anunciado los perjudicados.

La presidenta Elizabeth Cabezas, de PAIS, fue la encargada de hacer la denuncia en la justicia. Ella recibió el caso contra Puanchir el jueves. Mientras ante los micrófonos calificaba como ‘chismes de pasillo’ los cobros de legisladores a cambios de cargos, Martha Campoverde entregaba en la secretaría del organismo un oficio de dos hojas y 50 fojas adicionales con las pruebas del caso.

Campoverde relata cómo en julio de 2017, Puanchir le pidió 10.500 dólares por el puesto de asesora. Ella reconoce haber pagado 9.000 dólares y asegura que empezó a trabajar en talleres y capacitaciones en Morona Santiago. Solo que el asambleísta habría incumplido el acuerdo y la dejó sin cargo y sin dinero. En la carta que entregó a Cabezas, la supuesta perjudicada pide que Puanchir sea sancionado con la “pérdida de su calidad de asambleísta”.

Y aunque reconoce que la venta de cargos es una “conducta que se encuentra prohibida”, insiste en que el legislador “además de engañarme, dejar en entredicho su nombre, ha perjudicado mi patrimonio”. Según Campoverde, hasta ahora Puanchir no le ha devuelto los 9.000 dólares. Entre las pruebas que anuncia están documentos de trabajo y “conversaciones mantenidas con el asambleísta”.

EXPRESO buscó ayer la respuesta del asambleísta amazónico, pero él no respondió su teléfono celular.

Al terminar la gestión en la Fiscalía, Cabezas dijo que querían sentar precedentes para que se sancione a quienes han incurrido en actos ilícitos. “La Asamblea tomará las medidas en el ámbito administrativo, pero deben ser los órganos de justicia y control los que establezcan las sanciones en los otros ámbitos de la ley”, manifestó, según un comunicado del Legislativo.

Y, según dijo, también pidió que la Fiscalía investigue de oficio los otros casos que se han conocido esta semana. Debería estar, por ejemplo, el caso de Andrea Utreras, publicado el miércoles por este Diario, quien contó cómo la legisladora manabita Arteaga le exigía dinero para cubrir con los aportes a Alianza PAIS e incluso tenía que acompañarla en las noches cuando se quedaba en Quito.

Otro es el caso de Elizabeth Guachilema, quien denunció que entregaba 600 dólares a Auquilla cada mes y que incluso le prestó 35.000 dólares. Él ha asegurado que todo el dinero entregado por su exasesora le fue devuelto porque se trataba de un préstamo. Y en el anonimato están otras denuncias de funcionarios y exfuncionarios que dicen haber dejado dinero hasta en cajas de zapatos.

La Fiscalía informó en redes sociales que tras la denuncia recibida se iniciará la investigación sobre presuntas irregularidades a cambio de estabilidad laboral en la Función Legislativa.

Resolución

CREO va por la revisión de las cuentas

En el debate todavía está pendiente la resolución planteada por Fabricio Villamar, de CREO. Él quiere que la Asamblea pida la intervención de la Contraloría, la Superintendencia de Bancos e incluso la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para que se investiguen las cuentas bancarias de todos los legisladores. Él entregó el proyecto de resolución. Tendrá que esperar que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, lo ponga en el orden del día del pleno.

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