La censura y destitución del defensor del Pueblo Freddy Carrión se resolvió la noche del martes a último minuto. Cuando empezó la votación, alrededor de la medianoche tras una interminable y aburridora sesión que arrancó poco después de las ocho de la mañana, la suerte del funcionario todavía era de pronóstico reservado. Todo dependía de lo que hiciera Pachakutik. Oficialmente, el partido había emitido un comunicado en el que se pronunciaba a favor de la censura. Faltaba más: uno de los interpelantes, Ricardo Vanegas, era un miembro de su bancada. Sin embargo, ya en la práctica y una vez iniciado el debate, Salvador Quishpe, el más correísta de los legisladores de Pachakutik (más correísta, de hecho, que algunos correístas) llamó a defender al funcionario: “No vamos a votar en contra de nuestra lucha -dijo-. Aquí está claro: este juicio político es por el informe donde se incluyen delitos de lesa humanidad al gobierno anterior”. Se refería al delirante informe sobre los hechos de octubre de 2019 en el que Freddy Carrión hizo sus mejores esfuerzos por justificar la tentativa de golpe de Estado. En cuanto terminó de hablar, el correísmo en pleno se volcó hacia su escaño para felicitarlo. Quishpe no había estrechado tantas manos correístas desde que lo arrastraron por las calles de Quito.

Los esfuerzos del dirigente indígena, exprefecto de Zamora Chinchipe y uno de los legisladores más glosados de la Asamblea Nacional (“¿Por qué no hablan de las glosas de los otros?”, se quejó este martes), resultaron insuficientes. Solo logró voltear a 14 de los suyos. Poco más de la mitad de la bancada, de hecho, pero no le alcanzó. Lo que sí lograron, él y el resto de defensores de Carrión, fue volver a aterrizar el tema de octubre de 2019 en el debate público nacional, justo cuando el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, amenaza con repetir. Quishpe y Jhajaira Urresta, la fervorosa izquierdista a quien el correísmo llevó a la Asamblea con la credencial de ser una de las víctimas de octubre (perdió un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena disparada a quemarropa), fueron las cabezas visibles de esta estrategia: una extraña operación en la que los escándalos protagonizados por el defensor del Pueblo, su violación del toque de queda, su violenta borrachera, su uso indebido de bienes públicos, el video en el que se lo ve agrediendo a una mujer y la acusación de abuso sexual que lo mantiene en prisión, todo eso que era materia del juicio político desapareció misteriosamente en nombre de un informe que el correísmo y los correístas de la bancada de Pachakutik (ahora sabemos que son 14) consideran suyo.

¿Cómo se consigue cambiar de tema tan radicalmente? A Urresta le basta con el sinsentido de sus estructuras gramaticales: el juicio político, dice ella, “hace referencia a violaciones de orden ético que nada tienen que ver con las funciones que tiene el defensor del Pueblo, y sobre estas obligaciones hacer burla, cháchara, del informe de justicia y de verdad en donde múltiples nombres se mencionan”. Lo único claro de este fárrago es que el defensor del Pueblo, según la correísta, no tiene obligaciones éticas. Más articulado, Quishpe configura un caso de conspiración política: “¿Vamos a echar a la hoguera a un defensor del Pueblo por usar un carro oficial en un día no permitido?, se pregunta.

Por lo demás, es el mismo argumento del acusado. En las tres horas que tuvo para defenderse, Freddy Carrión desestimó el peso de las acusaciones tan solo comparándolas con los que él considera enormes logros de su gestión. Despachó una no solicitada rendición de cuentas, en la cual cargó las tintas en todas las actividades en favor de la igualdad de género. Omitiendo la orden de amparo en su contra obtenida años atrás por su propia esposa, probable antecedente directo de este nuevo caso de violencia machista por el que se le juzga, Carrión se pintó como un perfecto defensor de las mujeres. Y en el tiempo que le restó, que fue mucho, habló de octubre. Desplumó a Lenín Moreno por represor fascista y por corrupto. Dijo exactamente lo que el correísmo quería oír y optó por la más original de las defensas: se declaró perseguido político.

Para la justicia ordinaria quedarán los argumentos con los que pretendió liberarse de responsabilidades en la gresca de borrachos que protagonizó con el exministro de Salud Mauro Falconí en el departamento de este último, la noche del 15 al 16 de mayo pasado. Si bebió dos copas de vino o dos botellas de whisky; si comió o no alitas de pollo envenenadas; si violó o no el toque de queda por la emergencia sanitaria; si acudió a esa cita, en auto oficial y acompañado de la escolta que le pagan los contribuyentes, para recibir una denuncia de corrupción relacionada con la administración de las vacunas o para pegarse los tragos; si abusó sexualmente de la esposa de Falconí, tal como ella le acusa, o si hubo un misterioso agresor que nadie vio y no fue registrado por las cámaras. En la Asamblea, bastó el registro de la cámara de vigilancia (que él dice fue manipulado), donde aparece agrediendo a la presunta víctima y trenzándose a puñetazos, borracho perdido, con el anfitrión de la noche.

“A Gabriela yo le creo”, zanjó la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero. El caso se resolvió entre esas dos posturas: quienes consideraban que Freddy Carrión carece de la solvencia ética que exige el cargo de defensor del Pueblo (75 legisladores en total) y quienes plantearon que, por haber firmado el informe sobre octubre de 2019 en el que se acusa a Lenín Moreno de crímenes de lesa humanidad, a Carrión se le puede perdonar todo, violencia machista incluida. Entre ellos, 47 correístas de UNES y 14 correístas de Pachakutik.