La primera sentencia que pudiera recibir Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, es por el supuesto ingreso de artículos prohibidos al Centro de Detención Provisional (CDP) de Pichincha en el que está recluido desde febrero. 

El exfuncionario correísta tiene pendientes dos procesos penales. Uno por el intento de secuestro del activista Fernando Balda ocurrido en Bogotá en 2012 y otro por presunto peculado en el denominado caso 'Caminito' por el pago a un supuesto informante cuya identidad se puso en duda. Pero ambos procesos están paralizados por la emergencia sanitaria que busca contener el avance del coronavirus en el país. España concedió la extradición de Romero en el caso del intento del secuestro del activista. 

El más cercano parece ser el del celular que apareció en su celda. El domingo pasado, durante la audiencia de Flagrancia por el delito contemplado en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por el que pudiera recibir hasta tres años de cárcel, el exsecretario se acogió al derecho al silencio. Al menos eso señala el acta de la audiencia de flagrancia subido en el Sistema Satje de la Función Judicial. Su abogado Stalin Oviedo dice que eso no es verdad y que a su cliente nunca le preguntaron nada. 

Según un parte policial, en la celda de Romero se habría encontrado un aparato celular con dos tarjetas sim. Durante la audiencia Stalin Oviedo, abogado de Romero dijo que su cliente "entregó de forma voluntaria el teléfono celular, mismo que apareció el día jueves en su celda". Solicitó que no se califique la flagrancia y que la investigación siga con el trámite ordinario y en investigación previa. 

Pero la Fiscalía presentó como elementos de convicción el parte policial de aprehensión, hojas de lectura de derechos constitucionales, el certificado médico del procesado, formulario de cadena de custodia, la denuncia, reconocimiento de denuncia y versión del denunciante, informe pericial de reconocimiento de evidencias, versión de la guía penitenciaria y la versión del agente aprehensor. 

El juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del exfuncionario durante la audiencia de formulación de cargos que se hizo el domingo. Además resolvió que  el trámite en el caso será el directo. El juez decretó que una vez que se levante el estado de excepción, la instrucción fiscal del caso será de 10 días. Además se señalara día y hora para la audiencia.

España concedió la extradición de Romero en febrero, tras ser detenido en Madrid en donde residía. En redes sociales circularon versiones sobre un posible intento de evasión de Romero de ese país del que se habría alertado a las auroridades.