Un poder que enfrenta altibajos. Aunque la mayoría coincide en que la Contraloría tiene la competencia para sancionar hasta con la destitución a los funcionarios públicos que cometen actos irregulares en su gestión, las penas no siempre se cumplen.

El tema se vuelve coyuntural cuando el ente de control está en pugna con tres de los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE): la presidenta Diana Atamaint y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera, a quienes predeterminó una multa y la destitución.

Si bien a los funcionarios les quedan unos 25 días para presentar sus descargos, no parecen estar dispuestos a dejar el CNE si se ratifica la sanción, y analizan demandar ante el Tribunal Contencioso Electoral al contralor Pablo Celi bajo la acusación de injerencia en la Función Electoral.

No sería el primer caso de desacato a una decisión de Contraloría. El más reciente lo protagonizó el exprefecto de Manabí Mariano Zambrano, que dejó el cargo cuando lo sucedió Leonardo Orlando, en mayo de 2019, pese a que la destitución fue recomendada siete meses antes por irregularidades en las obras para la denominada Manga del Cura.

Celi prefiere no especular con un escenario parecido al que se dio en Manabí. Espera que en los días que restan, los consejeros electorales entreguen sus argumentos para tomar una decisión sobre la ratificación o no de la destitución.

Dependerá, entre otras cosas, de que dejen sin efecto el acto administrativo con el que se mantiene en el Registro de Organizaciones Políticas a Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Podemos pese a la recomendación de suprimir su inscripción.

Otro caso fue el del exalcalde de Quinindé, Manuel Cassanova, cuya destitución fue recomendada por la Contraloría en tres ocasiones. Incluso, el Banco Central llegó a bloquear las cuentas del Municipio por pedido de la Contraloría. La medida no surgió mayor efecto.

El penalista Ramiro Román comentó que hay un vacío en la ley que rige a la Contraloría que permite que sucedan estos casos sin que se puedan tomar acciones concretas, ya que se encarga a la autoridad nominadora de que ejecute la sanción. En el caso del CNE sería el Consejo de Participación Ciudadana.

“El Ejecutivo y la Asamblea deben modificar las leyes para dar a la Contraloría una acción diferente y directa. No puede ser que sea tan sencillo incumplir sus decisiones”, señaló

Gustavo Medina, exprocurador del Estado, reconoce que la Contraloría tiene la potestad de auditar las actividades, en este caso, de los integrantes del CNE y establecer las responsabilidades administrativas del caso. Sin embargo, le dijo a EXPRESO que se deberían revisar los alcances y procedimientos que aplica la Contraloría, sobre todo luego de los cambios que sufrió con la Constitución de 2008, que se la construyó pensando en un gobierno que controlaba todas las instituciones.

“Está bien que siga haciendo auditorías, pero estas deben ejecutarse con equipos de trabajo multidisciplinarios: con perito auditor, especialista en temas jurídicos y expertos en asuntos financieros. Esto daría mayor precisión a los exámenes que realiza”, indicó Medina.

Desde hace más de un año, el contralor Celi propuso que la Contraloría se convierta en un Tribunal de Cuentas para que, entre otras cosas, el peso de las decisiones no provengan de un solo criterio. En mayo pasado, el presidente Lenín Moreno anunció públicamente su apoyo a esta iniciativa.