“Mario” fue uno de los primeros ciudadanos venezolanos en acceder al proceso de regularización que se implementa en el país desde el pasado 1 de septiembre. El joven, de 29 años, llegó al país hace dos años, pero sus documentos ya expiraron y por asuntos económicos no ha podido realizar los trámites respectivos. Su instancia ya no es legal en Ecuador.

“Créame que con esto podré hasta conseguir un nuevo trabajo donde no me exploten tanto. Es más económico el proceso y está a mi alcance para hacerlo. Claro, hay que tener paciencia, pero al final tendremos beneficios”, dijo a este Diario.

El Gobierno ecuatoriano, en junio pasado, decidió empezar un proceso de regularización de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades con el afán de conocer la cifra exacta de ciudadanos que están radicados en el país, las condiciones en las que ingresaron, ciudades donde viven y facilitar documentos para su instancia, como una Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE) hasta una cédula de identidad ecuatoriana.

Desde Quito, Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, conversó con EXPRESO y reveló que la medida beneficiaría a más de 200 mil venezolanos y no los 600 mil que prevé el Gobierno ecuatoriano, porque tras la pandemia y las protestas sociales, que empeoraron la situación económica, muchos se fueron a otros países. No obstante, sí preocupa el tema de los documentos para obtener el registro de antecedentes penales y que no se puedan regularizar quienes son perseguidos políticos.

“Hay dos tipos de antecedentes penales en Venezuela, el relacionado a delitos y otro a temas políticos. Con este último hay muchos compatriotas que tienen órdenes de captura, por no hacer lo que el régimen de Maduro dice”, explicó.

En estos casos, los ciudadanos en movilidad humana deberán presentar documentos de procesos administrativos en Ecuador que avalen una persecución política u otra relacionada por la que tendrían un antecedente penal en su país.

“Tenemos que justificar si es que fue investigado o sentenciado por un delito que conlleve una persecución política, delitos establecidos a nivel internacional como perseguidos. Como Defensoría Pública podríamos llevar los casos por otra vía como Refugios o Asilos Políticos”, explicó Andrea Guerrero, directora provincial en Pichincha de la Defensoría Pública.

Así también, el proceso de regularización permitirá anular las multas migratorias contraída. Jéssica Molero tiene casi cinco años en Ecuador y su visa de Unasur expiró. Acceder a la visa permanente es muy costoso y esperaba con ansias la regularización ofrecida por el Gobierno ecuatoriano. “Estaba esperando el proceso para acceder a un trabajo. He tenido muchas oportunidades de trabajo, pero por no tener documentos no he sido seleccionada”, cuenta.

Cancillería informó que desde el 1 de septiembre se empezó el registro con quienes ingresaron al país a través de un punto oficial (aéreo, terrestre o marítimo), mientras que desde el 16 de noviembre se iniciará para todos los ciudadanos extranjeros de otras nacionalidades y el 17 de febrero de 2023 los ciudadanos venezolanos que ingresaron de forma ilegal.

Durante el inicio del proceso se presentaron inconsistencias en el portal web. Tal fue el caso de Sugey Ovallo, una ciudadana venezolana que desde las 05:00 del 1 de septiembre intentó acceder al portal y no pudo. “Luego intenté en la tarde y noche y tampoco pude. Vine hasta este punto de información, ubicado en el parque La Carolina, para que me ayuden, pero también estaba congestionada la página web”, comentó.

Richard Vinicio Karolys, subsecretario de Migración, explicó que, en efecto, la página presentó problemas, pero que fue superado antes de las 48 horas.

Hasta el cierre de este reportaje se informó a EXPRESO que 28.333 extranjeros ingresaron a la plataforma para registrarse y de esa cifra más de 27.000 obtuvieron un turno para continuar con el proceso presencial en una de las 77 ventanillas instaladas a nivel nacional.