Doble velocidad en el freno a la corrupción

Las normas caminan lentas y con recelos. El Gobierno anunció reformas el 21 de agosto aún en espera. Los juicios, también.

11 sep 2018 / 00:00

La aprobación de la Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, presentada en julio de 2017 por el legislador del ala morenista Mariano Zambrano, ha levantado las suspicacias del acusador particular en el caso Odebrecht, César Montúfar.

A su juicio, tal y como está redactado el texto, la norma favorecerá al exvicepresidente Jorge Glas y le permitirá salir de la cárcel sin terminar de cumplir la condena de seis años que le fue impuesta por asociación ilícita. La propuesta -que en el trámite incorporó otros 16 proyectos de reforma presentados entre septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018- fue aprobada con 107 votos a favor y solo una abstención el pasado 14 de agosto.

En un comunicado de denuncia, Montúfar explicita que la nueva norma sustituye el delito de asociación ilícita. En el Código Integral Penal, ese delito se configura “con el solo hecho de la asociación”, recuerda el documento; mientras que con la ley aprobada se requerirá “de la comisión de delitos cuya materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su ejecución y que no constituyan tentativa”. Esta modificación se aplicaría a Jorge Glas, si así se plantea un recurso de revisión, porque las leyes penales que favorecen al reo sí pueden aplicarse con carácter retroactivo.

La norma se tramitó a través de la Comisión de Justicia, que preside la asambleísta del bando correísta, Marcela Aguiñaga. La legisladora defendió el proceso legislativo y rebatió el argumento de Montúfar sobre la asociación ilícita. “Es ilógico que un texto presentado hace dos años atrás -propuesto por el exdefensor público, Ernesto Pazmiño- se haya entregado con la intención de favorecer a una persona sentenciada en 2018 (Glas fue condenado a seis años en diciembre de 2017)”.

Zambrano coincidió con esa tesis. En un comunicado aseguró que la interpretación de Montúfar es equivocada: “La figura de asociación ilícita no busca impunidad, ni cambia penas como maliciosamente se ha dicho; al contrario precisa su tipificación”, explicó.

El acusador particular del caso Odebrecht, en cambio, sospecha de los tiempos y los cambios. Según su denuncia, encaminada a que el presidente Lenín Moreno vete las modificaciones que afectan a la asociación ilícita, ese cambio se introdujo en el informe al segundo debate, cuando habían pasado siete meses de la condena al exvicepresidente de Rafael Correa. Un mes después, la norma fue aprobada por el Pleno.

Lo que no deja de ser cierto es que las normas encaminadas a combatir la corrupción se construyen a paso lento. La Comisión de Justicia apenas inició el trámite de la Ley de Extinción de Dominio (que busca el comiso de los bienes cuyo origen se presuma ilegal); mientras la Ley para la recuperación de capitales, presentado por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, fue enviada a la Comisión de Participación.

El mismo Ejecutivo tiene una deuda pendiente: el 21 de agosto se anunció el envío de dos reformas (delación por primera vez y para ‘premiar’ a quien contribuya a encontrar el dinero de la corrupción) a la Asamblea. Entonces, se dijo que era un tema urgente. Aún no se han presentado.

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