Negligencia absoluta o corrupción, así califican los expertos de seguridad el robo “sistemático” de 150 pistolas marca Smith & Wesson del rastrillo del edificio Cuartel Modelo en Guayaquil, la ciudad más violenta del país.

En una escueta declaración de prensa, el comandante de la Policía Nacional, Fausto Lenin Salinas, señaló que facilitarán toda la información a los administradores de justicia para “encontrar la cadena de responsabilidades”, luego de que también se dio aviso a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto, junto a las unidades de investigación de la Policía Nacional.

“Es la Policía Nacional la que por obligación revisa los rastrillos de las empresas de seguridad y se le exige tener videovigilancia remota 24/7 de todos los ángulos y con memoria de mínimo 3 meses, puertas blindadas, alarmas, sensores, control de acceso al sitio con código, que tenga las condiciones como un búnker para evitar hurtos de armas”, expuso Jorge Villacreses, presidente de la empresa de servicio de seguridad Cuport.

“Si eso no tiene la Policía Nacional, eso deja mucho qué desear y no solo para la seguridad, sino en temas de administración, porque hay un comandante de administración del edificio, de cada infraestructura, en este caso el que agrupa el Cuartel Modelo en Guayaquil”.

Villacreses resalta que el personal, además de estar capacitado debe rendir cuentas de los movimientos que se dan en el sitio cada cierto tiempo y no cuando ya se detectó un faltante de 150 armas que se lo calificó como sostenido o habitual en la institución.

Según Salinas, el armamento se encontraba en proceso de destrucción y estaba inhabilitada para el uso del personal uniformado. Además, que fueron donadas en 1991. No obstante,    Villacreses agrega que las pistolas mencionadas “pueden durar toda una vida” y que por lo general tienen un uso de portabilidad de 50 y 60 años. Solo necesitan ser “repotenciadas” si es que una pieza es dañada.

“No hay un informe del daño de esas armas, solo lo han expresado y de forma muy rara”.

Diario EXPRESO solicitó al Ministerio del Interior el informe que ordena la destrucción de las armas y los motivos que impulsaron a la institución policial dejar de usar dichas herramientas, pero hasta el cierre de la edición no dio respuesta al pedido de información.

Por su parte, John Garaycoa, también representante de la empresa de seguridad Macc Security, enfatiza que estas armas   “pasarán directamente a manos de la delincuencia” porque ninguna persona natural o jurídica va a querer comprarlas en caso de que lleguen a ser ofrecidas    porque se darán cuenta de que están en un proceso legal. Añade, que falta conocer si es que hubo casos a lo largo de años y que no han salido a la luz.

“Son armas ilegales, que quien las obtenga no se preocupará de registrarlas o de poner sus papeles en regla y a quién le beneficia eso: a la delincuencia. Pero mucho ojo, solo dicen que son pistolas de una marca pero no dicen de dónde pertenecían esas armas, solo que estaban guardadas”.

Mientras que Nelson Yépez,    representante de la Corporación Integral de Seguridad y Control de Riesgo, manifiesta su preocupación porque es justamente a la Policía Nacional, la institución que mejor debió proteger sus herramientas en toda la nación especialmente porque son los llamados a proteger a la ciudadanía.

“Se debe hacer un inventario en general, pero como en toda institución existen los malos elementos. De aquí en adelante hay que tener más control porque ya pasó hace años en la institución militar. Se debe perfilar muy bien, más ahora que van a ingresar más policiales como lo ha ofrecido el Gobierno, pero eso nunca debió pasar, si a ellos les roban, qué pasa con nosotros”. Agregó que hay que recuperar esos elementos y repotenciarlos porque es la misma Policía la que no tiene armas y así optimizar recursos.

• Compra y venta

En 2015, se dispuso la renovación de armas de la Policía Nacional y ‘las viejas’ fueron vendidas a las empresas de seguridad.

• Importación

En el mismo año, la Ley Sobre Armas y Municiones prohibió traer armas del extranjero y limitó la adquisición las de fabricación nacional.

• Empresas de seguridad

solicitan la compra de las armas que piensan destruir.