El control a las autoridades no avanza a la velocidad de las denuncias. La gestión del alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha sido cuestionada por concejales, colectivos ciudadanos y otros sectores, pero aún no hay una cantidad similar de exámenes a su labor. La Contraloría General del Estado ha desarrollado informes pero hay pocos que tengan datos sobre la actual administración.

Desde 2019, año en el que Yunda asumió el cargo de alcalde de la capital, la Contraloría ha aprobado y entregado 18 exámenes especiales. La mayoría, sin embargo, responde a la revisión de la labor del exalcalde Mauricio Rodas y su equipo en el Distrito Metropolitano.

De los 18 mencionados, solo dos tienen que ver con el actual personal en funciones. El uno, y por el que el alcalde tiene un grillete de geolocalización electrónico, está relacionado con la adquisición irregular de pruebas para la detección del coronavirus.

Ese documento fue aprobado en septiembre del año pasado, pero apenas la semana pasada se incluyó a Yunda en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado.

El otro informe, aprobado en diciembre de 2020, tiene relación con los gastos que hizo el Municipio de Quito para promocionar la labor que lleva adelante. Un examen que se repite cuando se trata de fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados.

El virtual asambleísta nacional, Fernando Villavicencio, cuestiona precisamente el control a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales en el país. Según dijo, la atención se centra en los casos más mediáticos pero se deja de lado el control general.

Una gran porción de la atención de las autoridades de control se va, por ejemplo, a la labor del gobierno central. Sobre todo, a los grandes casos de corrupción que involucraron al correato.

Según contó, Villavicencio espera llegar a la Asamblea el 17 de mayo para iniciar una fiscalización específica a los gobiernos autónomos descentralizados. Hay anomalías que no se pueden escapar, dijo.

Pero no solo es la corrección de la gestión actual. Los exámenes de la Contraloría buscan que se corrijan los errores de administraciones pasadas. Eso también tiene pendientes.

Desde 2019, muestran los reportes del Municipio y de la Contraloría, se hicieron observaciones a la entrega de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas, a los gastos en los museos, al uso de predios municipales, a la rehabilitación y mejoramiento de calles, a la administración de bienes muebles e inmuebles, a las capacitaciones a líderes barriales y -tal como publicó EXPRESOayer- a la falta de indicadores de gestión y medidores de calidad de los proyectos que lleva adelante el Municipio.

El gobierno municipal no cuenta con parámetros que permitan constatar técnicamente el cumplimiento de metas. Esa falla se detectó y denunció en mayo del año pasado. El Municipio aún no responde a este Diario por los correctivos tomados.

Es más, la página de Gobierno Abierto del Municipio de Quito muestra que de los 18 informes aprobados por la Contraloría General del Estado desde 2019, solo cuatro cuentan con un detalle del cumplimiento de recomendaciones obligatorias que hace el organismo de control. En el resto se limita a decir que son “informes aprobados sin seguimiento de recomendaciones”.

Los 18 informes, además, no son los únicos. Esos mencionan directamente al Municipio, pero hay más documentos vinculados a secretarías y a empresas metropolitanas.