Diez llamados a juicio por tráfico de municiones en San Lorenzo

En octubre del año pasado, 14 personas fueron detenidas en varias provincias del país, entre ellos militares en servicio activo.

Quito /
10 sep 2019 / 12:16

El juez de San Lorenzo, Esmeraldas, Óscar Cuenca dictó el auto de llamamiento a juicio en contra de 10 procesados por el presunto delito de tráfico ilícito de municiones de origen militar hacia grupos irregulares de Colombia.

En octubre del año pasado, 14 personas fueron detenidas en varias provincias del país, entre ellos militares en servicio activo.

El operativo involucró recintos militares de Guayas, Loja, Pichincha y viviendas en Santo Domingo y Esmeraldas. Las interceptaciones de llamadas permitieron a los investigadores determinar el modus operandi de la supuesta organización delincuencial.

La sospecha de la Fiscalía es que se había conformado una supuesta red que se dedicaba al aprovisionamiento de municiones para grupos armados de la frontera como el de Óliver Sinisterra en ese tiempo liderado por alias Guacho.

Las llamadas telefónicas permitieron a la Fiscalía evidenciar como se solicitaba las municiones, las cantidades y los precios a los que se vendían los pertrechos que habrían salido de los repartos militares con la participación de los uniformados.

El juez Cuenca consideró que existen elementos suficientes para la convocatoria a juicio de Sobeida Quiñónez, Leonardo Mite, Wálter Angulo, David Caicedo, Tarci Mancilla, Jorge Ospina, Martín Arroyo, Luis Bautista, Julio Freire y Cicxon Nazareno. Ellos serán juzgados por el procedimiento ordinario.

Según el juez existe concatenación en las actuaciones fiscales sustento para la investigación, como de las demás actuaciones investigativas y es evidente que los procesados habrían participado en el delito imputado.

Fueron considerados como autores directos Quiñónez como supuesta líder de la organización, Mite militar activo como proveedor y presunto comercializador de municiones, Angulo militar activo en calidad de supuesto proveedor y comercializador de municiones, Caicedo abogado y militar retirado como proveer de municiones, Mancilla taxista informal involucrado en la adquisición y venta.

Entre los llamados a juicio también está Ospina taxista informal dedicado al supuesto traslado y seguridad, Arroyo militar ubicado como proveedor y comercializador de municiones, Bautista militar también considerado proveedor y comercializador de municiones, Freire señalado como colaborador en el traslado de municiones hacia el cordón fronterizo y Nazareno ubicado en la comercialización de municiones para armas de corto y largo alcance.

Sobre este último procesado el juez ratificó la orden de localización y captura y el juicio se suspende hasta que se presente en forma voluntaria o sea aprehendido. El juez ratificó las medidas cautelares dictadas en contra del resto de los procesados.

Sobre Linderson Ayoví el juez dictó el sobreseimiento provisional por que no existen elementos en su contra y el único que lo involucra en la causa, interceptación de llamadas, no habría contado con autorización judicial.

El juez dispuso se gire la correspondiente boleta de libertad y se deje sin efecto todas las medidas de carácter real y cautelar que pesan en su contra.

Por este mismo caso, el 26 de junio pasado el juez Cuenca condenó a cinco procesados que se sometieron al procedimiento abreviado, es decir aceptaron su responsabilidad.

Cuenca impuso una condena de 84 meses de cárcel, una multa de 20 salarios básicos y deberá ofrecer disculpas públicas a César Bravo. Francisco Bedon recibió 70 meses de cárcel y una multa equivalente a 12 salarios básicos.

Christian Medina recibió también 70 meses, el pago de 12 salarios y ofrecer disculpas públicas. José Plaza Pazmiño fue condenado a 48 meses de cárcel y una multa de 12 salarios, la misma pena fue fijada a Jickson Arroyo.

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