En el país asiático de Sri Lanka, los elefantes son considerados la encarnación del propio Buda. Según narra la leyenda, cuando la madre de Buda quedó embarazada de él, soñó que un elefante blanco le ofrecía una flor de loto y se anidaba en su cuerpo.

En esta nación insular de mayoría budista situada en el océano Índico, los elefantes se consideran una bendición para sus dueños, y son un símbolo de estatus y fortuna.

Sin embargo, en la isla viven alrededor de 180 elefantes en cautiverio: en templos budistas, en las propiedades de ricos empresarios y políticos, así como en parques estatales de elefantes. Allí son obligados a trabajar en condiciones que los activistas por los derechos de los animales no cesan de denunciar.

Los paquidermos tienen que llevar reliquias de Buda y caminar engalanados entre grandes multitudes en los desfiles religiosos. También son utilizados para cargar troncos y realizar paseos con turistas.

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de sus animales sagrados, el Gobierno de Sri Lanka ha presentado varias modificaciones legislativas que están pendientes de aprobación definitiva por parte del Parlamento: un elefante solo puede transportar árboles o personas durante cuatro horas seguidas, y solo durante el día y con buen tiempo; no se debe permitir que más de cuatro personas monten en su lomo al mismo tiempo; el animal no puede ser transportado en un vehículo durante más de 12 horas y a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora. Los entrenadores de elefantes solo pueden trabajar cuando están sobrios y deben recibir la formación adecuada.

Pero, ¿se trata realmente de mejorar el bienestar de los elefantes? Muchos de los activistas que luchan en el país por los derechos de los animales no están satisfechos con estas normas, más bien están preocupados. Están convencidos de que las autoridades de Sri Lanka no hacen más que utilizarlas como excusa para domesticar más elefantes, como afirma Hemantha Withanage, director del Centro para la Justicia Medioambiental de Sri Lanka.

Los activistas también temen que, a pesar de la normativa supuestamente favorable para los animales, los elefantes tendrán que seguir realizando su trabajo en condiciones difíciles.

Además, ven una conexión entre las nuevas normas y un tema políticamente controvertido. Bajo el Gobierno anterior, las autoridades competentes de Sri Lanka confiscaron, entre 2015 y 2018, 38 elefantes que supuestamente habían sido capturados de manera ilegal.

Los propietarios de estos animales se encuentran entre las personas más influyentes del país, y la mayoría de ellos apoyan al Gobierno actual. Estas personas quieren recuperar sus elefantes, que actualmente viven en parques estatales.

En caso de que esto ocurra, Panchali Panapitiya, de la organización local de defensa animal Rally for Animal Rights & Environment, teme que los propietarios vuelvan a utilizar la fuerza para entrenar a estos grandes animales salvajes.

En el estado insular también se utilizan métodos de adiestramiento brutales, como los que se conocen en Tailandia o la India: se encierra a los animales jóvenes en pequeños recintos en los que apenas pueden moverse, se les niega temporalmente el agua y la comida, se les golpea y se les encadena. Esta es la única manera en que los humanos pueden asegurarse de que los animales no se resistan.

Según el secretario de la Asociación de Propietarios de Elefantes de Sri Lanka, Dhamsiri Bandara Karunaratna, el regreso de los elefantes es importante para preservar la tradición de los desfiles budistas. Hasta ahora, los propietarios han tenido un éxito parcial: un tribunal ha ordenado recientemente que se les devuelvan 14 de los 38 animales confiscados.

Los propietarios quieren tener más elefantes para aumentar la cría. El monje budista y presidente de la asociación de elefantes domados, Magalkande Sudhantha, pide al Gobierno que capture elefantes salvajes y los venda. En su opinión, los animales que hacen daño a las personas podrían ser capturados, lo que resolvería un gran problema existente en el país.

A lo largo de los años, las comunidades rurales se han ido asentando en el territorio de los elefantes, reduciendo así su hábitat. Los elefantes destruyen campos y casas; los agricultores reaccionan abatiéndolos con petardos, veneno o disparos.

Según las cifras oficiales, en el primer semestre de 2021 murieron en estos enfrentamientos 172 elefantes y 65 personas. La tendencia es al alza. Los conflictos entre las personas y los entre 2.500 y 6.000 elefantes en peligro de extinción que hay en el país son un problema electoral, pero los políticos aún no han encontrado una solución eficaz.

Es probable que los elefantes sigan siendo para el Gobierno un tema delicado que preocupa a la mayoría de sus votantes. La existencia de los animales está amenazada y la matanza de elefantes se castiga con la muerte. Por otro lado, los elefantes también amenazan los medios de vida de los agricultores pobres. Y luego está la élite del país, que quiere poseer cada vez más animales. Queda por ver si las nuevas normas beneficiarán o no a los elefantes cautivos.