El estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó pruebas ante varios organismos judiciales contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las extintas FARC y las propias FARC antes de que se desmovilizasen por el reclutamiento forzoso de menores.

La primera demanda, presentada ante la Fiscalía por los hechos más recientes, corresponde al reclutamiento forzoso de 464 niñas y adolescentes por parte del ELN y disidencias de las FARC entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021.

"Hoy nos permitimos presentarle a la Fiscalía General de la Nación (...) un primer documento que habla de los reclutamientos realizados desde el año 2016 tanto por el ELN como por los distintos Grupos Armados Organizados residuales (GAOr) que suman más de 465 expedientes en el ICBF", dijo la directora general de esta institución dependiente del Gobierno, Lina Arbeláez.

Ante la Fiscalía, Arbeláez también entregó un segundo documento con información para establecer el proceso frente a los más de 1.288 casos de reclutamiento forzoso de menores por parte del ELN desde 1999.

"Desde 1999 hemos abierto más de 6.931 procesos administrativos de restablecimiento de derechos; estos son expedientes de niños y niñas colombianos que han visto truncado su futuro, sus proyectos de vida y sus sueños", consideró Arbeláez en una comparecencia de prensa en la sede de la Fiscalía.

"Estamos buscando que haya sanciones ejemplarizantes porque aquí hay hechos recurrentes, un fenómeno aceptado y además oficializado por las cabecillas", justificó la directora del ICBF que lamentó que "se ha visto, de manera estructurada, desnaturalizada la figura humana desde muy chiquitos" de estos menores.

PRUEBAS ANTE LA JEP

Por otro lado, esta misma institución presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano creado por los acuerdos de paz para juzgar los crímenes ocurridos durante el conflicto armado con las FARC, un informe con material probatorio para el caso 007.

Este es uno de los macrocasos, abierto en marzo de 2019, por la JEP que trata el reclutamiento y uso de niñas y niños por partes de la extinta guerrilla, y en el que inicialmente se han identificado al menos 8.000 "hechos victimizantes", una cifra aún preliminar, pues los organismos, como el ICBF, siguen aportando pruebas.

"El reclutamiento y la utilización de niños y niñas no solamente portando armas sino siendo utilizados en el conflicto armado interno, ya sea como correos, como cocineros, como mensajeros, constituye graves violaciones de sus derechos humanos", consideró el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.

El mayor número de reclutamientos se reportaron entre 1997 y el 2000, según la JEP, entre los que figuran más de 500 niños de pueblos indígenas.

Además, en este sentido, la Fiscalía inició investigaciones en 4.219 casos, pero solo se han dictado diez sentencias, lo que muestra "el ámbito enorme de impunidad en esta materia", según la JEP.

Junto con el del ICBF, la JEP ha recibido 32 informes de víctimas y entidades del estado, y se ha llamado a declarar a 37 exjefes de las FARC que están vinculados a este caso, que no implica solo el propio reclutamiento, sino también en algunos casos torturas, abusos sexuales, abortos forzados, desapariciones y fusilamientos.