Escenas inéditas en dos años de pandemia de gente protestando, peleándose con sanitarios en traje protector e incluso escapando para no ser aislados muestran cómo el cansancio y la impaciencia empiezan a hacer mella en China frente a la estricta política oficial de ‘tolerancia cero’ a la COVID-19.

El gigante asiático mantuvo hasta hace poco la crisis sanitaria a raya con un cierre casi hermético de sus fronteras y duros protocolos que incluyen la hospitalización de todos los casos positivos y el aislamiento en instalaciones estatales tanto de los contagiados asintomáticos como de todos los contactos cercanos. La estrategia funcionó hasta que la contagiosa ómicron se coló en el gigante asiático provocando rebrotes en numerosos lugares, incluidas ciudades de enorme importancia económica como Shanghái y Shenzhen, y los aislados pasaron de ser unas pocas decenas a cientos de miles -más de 370.000 hoy contando solo contactos cercanos-.

“¡Déjennos salir!”, claman en un vídeo difundido en las redes sociales los vecinos de un complejo residencial de Shanghái, donde también quedaron registradas escenas tensas durante el frenesí de la población para abastecerse ante el confinamiento general que comenzó esta semana y quejas por las malas condiciones higiénicas de las instalaciones públicas de aislamiento.

Aunque este tipo de contenidos duran poco en las controladas redes sociales chinas, muchos han sido compartidos también en plataformas occidentales como Twitter o Facebook -censuradas en el país asiático- ilustrando que la sociedad china, pese a su pánico cerval al virus, se resiente tanto económica como psicológicamente de la dureza de las medidas de contención.

“El casero me dice que pague el alquiler. El banco me dice que pague el préstamo. El gobierno me dice que no vaya al trabajo y el vecindario me dice que no salga. ¿Pero de dónde saco el dinero? Eso nadie me lo dice”, reza un mensaje ampliamente compartido en Weibo, el Twittter chino. Y es que la detección de un solo caso puede conllevar el encierro de cientos de personas de un edificio, e incluso más allá, de centros comerciales y colegios, donde si saltan las alarmas por un caso positivo en el interior no sale nadie hasta que todos se hayan sometido a una prueba PCR. Hay incluso colegios internacionales que en Pekín han pedido a los padres de los alumnos que envíen una manta para que sus hijos la tengan en la escuela por si acaso tienen que pasar allí la noche.

La exigencia continua de pruebas PCR, obligatorias en algunos lugares a diario para acceder al trabajo o al propio edificio de viviendas, es otra de las constantes de estos últimos meses que ha provocado protestas por las largas colas a la intemperie. En las grandes ciudades se han instalado casetas en cada esquina donde es fácil, rápido y asequible -35 yuanes, unos 5,5 dólares o 5 euros- hacerse la prueba. El cierre de fronteras ha calado en el ánimo de la población.

Shanghái, una de las ciudades más importantes de China con 25 millones de habitantes y una aportación del 3,8 % al PIB nacional, ha quedado confinada ante su peor brote de COVID desde el inicio de la pandemia, mientras las autoridades locales tratan de contener el impacto económico. La cuarentena arrancó el 28 de marzo y se extiende hasta el 1 de abril. La decisión responde principalmente a la voluntad de evitar un gran descalabro económico. Julian Evans-Pritchard y Sheana Yue, analistas de la consultora británica Capital Economics, subrayan la escasez de mano de obra en algunas zonas debido a los confinamientos y a que cerca de 400.000 personas están paralizadas.