El 8 de marzo busca recordar la lucha para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero detrás de rejas, ese anhelo que viene desde el año 1975 está lejos de cumplirse. En Ecuador, la población carcelaria es de 40.108 personas, de las cuales apenas 2.441 son mujeres, es decir, el 6.1% del grupo total, pero ser minoría no es garantía de que al menos puedan acceder a sus derechos básicos como ser humano.

De acuerdo a la nueva política pública de rehabilitación social, presentada el 21 de febrero y el Estudio de Diagnóstico Penitenciario, las privadas de libertad carecen de acceso a agua, comida y control de salud, estudios y un proceso digno de rehabilitación.

Karina Verduga, lleva tres meses en libertad y no puede evitar las lágrimas al recordar las carencias vividas durante seis años y siete meses en prisión. Primero estuvo en la cárcel de Quevedo, provincia Los Ríos y después en la cárcel de mujeres Guayaquil. Fue sentenciada a 10 años y hoy cumple su condena bajo régimen semiabierto.

“Las que tienen familiares pueden sobrevivir, las que no, pueden morir y no pasa nada afuera. Yo vi morir muchas mujeres, porque no recibieron atención médica, por consumo de H, por SIDA al no tener acceso a medicamentos. Uno adelgaza rápidamente porque la comida: es lo último, el rechazo, llega cruda o en estado de descomposición, algo que no se puede comer. Si a alguien tiene una emergencia médica, todas tienen que gritar, hacer escándalo, unirse todas y presionar para ir al dispensario médico, para que le den al menos una pastilla”.

Los datos recabados por el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) en 2021, señalan que las internas carecen de historias clínicas, no tienen un registro de su salud ginecológica, sexual o de sus debidos controles de embarazo en caso de haberlos. La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, reconoció en entrevista con Diario EXPRESO que además, “están completamente invisibilizadas las necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad, especialmente en la salud sexual y reproductiva”.

Una prueba de ello, es que recién en diciembre de 2021, se logró un convenio con la empresa privada para la entrega de toallas sanitarias. Sin embargo, el contrato pierde vigencia en julio de 2022. Ordóñez apunta que actualmente, trabajan en la renovación del convenio para entregar dos paquetes mensuales a cada rea.

Verduga enfatiza que las irregularidades dentro de los cárceles depende de la corrupción que se permita entre los guías penitenciarios, caporales de los privados de libertad y Policía Nacional. De esta forma se trafica el agua, el alimento, las medicinas y hasta los colchones para poder dormir.

Otra de las realidades que denuncia la exconvicta es que no hay un orden o clasificación de las privadas de libertad, “todas están mezcladas, están las enfermas de todo tipo, las sanas, las de la tercera edad, las embarazadas y las con hijos, no hay una clasificación. Es un descuido total, no hay un control, ni siquiera para que nos den salud en el centro médico.

La Secretaria de Derechos Humanos señala que en la nueva política de rehabilitación incluye un presupuesto de $ 600.000 para prevenir la violencia hacia la mujer dentro de las cárceles, porque considera que dicha desidia corresponde también a una violencia de género. Y que además, se trabaja con la empresa privada para programas de emprendimiento y superación. Sin embargo, antes de aplicar todas estas políticas es necesario que se cumpla con un censo penitenciario para poder completar la poca información que se tiene y establecer las respectivas clasificaciones.

De los $ 27 millones que se cuentan para cumplir con la nueva política de rehabilitación, $ 12 millones son para las atenciones de salud pero en ese rubro se incluye para toda la población carcelaria nacional.

Verduga fue condenada a 10 años de prisión, al ser vinculada en un caso de narcotráfico porque su pareja sentimental tenía escondida en un hacienda ubicada en Quevedo, media tonelada de droga. Ella pudo recuperar su libertad tras insistir para obtener el en el régimen semiabierto, tras cumplir el 60 % de la sentencia. No obstante, cuestiona la demora en los procesos legales para solicitar los respectivos beneficios penitenciarios.