El presidente Lenín Moreno decretó la tarde de este 11 de agosto el estado de excepción en las cárceles del país "frente a los graves hechos" suscitados en los últimos días.

"Frente a los graves hechos, dispuse la declaratoria de Estado de Excepción en las cárceles del país para que las Fuerzas Armadas se sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios. ¡Seguimos luchando contra el crimen en todos los frentes!", escribió el presidente Moreno en su cuenta de Twitter.

El anuncio llegó horas después de que se conociera que dos privados de la libertad fueron asesinados en  medio de una riña en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, según informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). "Al momento se brindan facilidades en las investigaciones para determinar a los presuntos responsables", dijo la institución.

La madrugada del pasado sábado 8 de agosto, en cambio, el israelí Shy Dahan, testigo clave en la investigación por corrupción relacionada a la venta de insumos médicos, fue asesinado en el interior de su celda en el Centro de Rehabilitación Social Zonal 8 de Guayaquil. Su compañero Sheinman Oren resultó herido. Según el SNAI, los procesados habían sido colocados en el "pabellón consular", donde están los privados de libertad por delitos menores.

Un día antes del asesinato del extranjero, la policía decomisó una decena de armas en el interior de la cárcel de Guayaquil tras la revuelta que se suscitó en el mismo centro penitenciario el 3 de agosto y que dejó 9 fallecidos (dos de ellos incinerados) 20 internos heridos (tres graves) y 6 policías lesionados en estado crítico.

"La guerra de bandas requiere revisar la gestión penitenciaria y los procesos internos", dijo en ese entonces el general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía.

Este estado de excepción se declara un año después de la última intervención del Estado en el sistema penitenciario. El 16 de mayo de 2019 el presidente Moreno declaró la emergencia en el sector que se extendió hasta el 13 de agosto de ese año.

El motivo fue similar al actual: las riñas violentas que dejaron víctimas mortales en varios centros de rehabilitación del país, sumado al hacinamiento de las prisiones. Entonces se dispuso la movilización de policías y militares para que den seguridad en las cárceles.

En aquella ocasión, si bien se redujeron los índices de violencia al interior de los centros penitenciarios, hubo 14 privados de la libertad fallecidos en diferentes riñas e intentos de amotinamiento.