El exasambleísta César Montúfar y el activista y periodista Fernando Villavicencio presentaron en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto 1075 publicado el 24 de junio. Según los demandantes, con ese decreto el presidente Lenín Moreno "obliga a Petroecuador a garantizar con petróleo un crédito con China". Señalan que la operación implica un perjuicio de 119 millones millones de dólares.

En el documento de cuatro hojas Montúfar y Villavicencio pidieron de forma urgente la suspensión provisional del decreto por considerar que los efectos "resultan nefastos y contrarios a la disposición que tiene la Constitución y los habitantes del Ecuador para acabar con la corrupción". 

Para Montúfar se trata de un acto "arbitrario del presidente de la República, arrogándose funciones que no tiene interfiere sobre una empresa pública para que a partir de ese decreto el Estado ecuatoriano y Petroecuador sea grávemente afectado". El exlegislador dice que lo que se ve en este caso es una repetición de lo que ya se hizo en el correísmo en su momento. 

Por su parte Villavicencio explicó que el decreto vulnera la Constitución y otras normas porque con ese instrumento el presidente "pretende obligar a la empresa pública Petroecuador a garantizar con un contacto de 50 millones de barriles de petróleo una nueva línea e crédito con el banco chino". Añade que que con el decreto prácticamente se obliga a la comisión de un delito. Dice que hay un informe oficial de Petroecuador que señala que realizar un contrato de preventa de petróleo en los términos señalados por el Ministerio de Finanzas implica una pérdida de 119 millones de dólares para la empresa pública. 

Los demandantes esperan que se ponga un límite a la entrega de petróleo a China para garantizar líneas de crédito para el Estado ecuatoriano.