Sin pagar impuestos, con poco en el bolsillo y hasta con deudas, pero listos para figurar en la papeleta de los comicios seccionales 2023. Y es que en año preelectoral, en el que las tiendas políticas empiezan a poner sobre la mesa sus mejores ‘cartas’ para iniciar la contienda, es justo y necesario hacer una radiografía de quienes aspiran a llegar al poder y administrar, desde sus funciones, los recursos que adquieren las prefecturas y alcaldías en el país.

En este caso, la lupa de EXPRESO recae sobre los precandidatos que buscan representar a las provincias de Azuay y Manabí, y ha podido evidenciar un contraste muy marcado al observar sus realidades económicas, según una revisión a los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la Superintendencia de Compañías (Supercias) y de la Contraloría.

Algunos aspiran a llegar al cargo con poco y nada en su patrimonio y hasta con cifras en rojo. Otros, con mucho, pero sin pagar impuestos, pese a conocer la importancia de esta obligación ciudadana para cumplir la tan desgastada promesa de cambio y desarrollo.

Para la Prefectura de Manabí, por ejemplo, ya hay cuatro precandidatos. De los cuales solo uno, Agustín Casanova, actual alcalde de Portoviejo, ha presentado su declaración de impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) por el año fiscal 2021. Los tres restantes han declarado cero dólares, pese a tener acciones en empresas o gerenciar una.

Esta realidad se replica entre los candidatos a alcalde de Portoviejo: de los 15 aspirantes, solo seis declararon su impuesto a la renta. La mayoría de ellos son exfuncionarios públicos, ya sea por haberse desempeñado en años anteriores como alcalde, abogado, médico, concejal, coordinador, gobernador o gerente en alguna institución del Estado.

Una lista de precandidatos que, si se suma el patrimonio de cada uno de ellos, pretenden disputarse la Alcaldía de la ciudad con una ‘chequera’ total de 1,2 millones de dólares. Algunos con $ 200 en patrimonio y otros con un poco más de $ 1.300 en deudas.

La intención de llegar a la Alcaldía de Manta se da con cifras en rojo. Es el caso de David López Pazmiño, director de Desarrollo Productivo del Municipio de esa ciudad, quien con un pasivo de 2.158 dólares promete días mejores a los ciudadanos. Para esta dignidad figuran siete contrincantes, entre periodistas, ingenieros, empresarios, abogados y especialistas en finanzas. La mayoría, con declaración de impuestos al día y con una participación importante como accionistas de empresas. Entre todos suman $ 373 mil en patrimonio.

Para estas dignidades, la participación de mujeres es minoritaria si se compara con la nómina de 26 precandidatos que han sido perfilados por los movimientos políticos en los cuadros más representativos de la papeleta de las elecciones seccionales del 5 de febrero próximo. Solo tres mujeres intervendrán en la lid electoral.

Por otro lado, en Azuay participará un patrimonio cercano a los $ 5 millones para alcanzar la Prefectura de la provincia y la Alcaldía de Cuenca. En el caso de los once precandidatos al Gobierno Provincial, suman un patrimonio cercano a los $ 3 millones.

De ellos, quien más destaca es Marcelo Cabrera, exministro de Transporte y exalcalde de Cuenca, al sumar $ 1’242.247,58 en patrimonio. Le siguen el actual asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), con $ 478.803,04 de capital; y Diego Monsalve Tamariz, catedrático de la Universidad de Cuenca, con un patrimonio de $ 413.993,01.

Según información del portal de la Superintendencia de Compañías, el legislador Lloret registra acciones en dos empresas: Frumaga Compañía Limitada y Fityre and Service Compañía Limitada. Por su parte, Tamariz consta como presidente de Tarselife S. A. y Patadri S. A., de acuerdo con información de la Super de Compañías.

El exministro Cabrera no registra tener participación alguna en una empresa. Sin embargo, según su declaración del impuesto a la renta, en los últimos tres años no ha declarado tributos al Estado. Esto a pesar de tener un abultado patrimonio en la provincia de Azuay.

En la lista de precandidatos también asoma Dora Ordóñez Cueva, exsecretaria Anticorrupción, quien según su última declaración patrimonial (2020) posee un capital de $ 296.445,00. Asimismo, figura como presidenta de Energy Compañía de Economía Mixta y de Construcciones Viales, Estructurales y Sanitarias Conviales Compañía Limitada.

Por su parte, los 11 aspirantes a la Alcaldía de Cuenca suman, entre todos, poco más de $ 2 millones en patrimonio. En este caso, quien destaca es el actual alcalde Pedro Palacios Ullauri. En su última declaración juramentada (2022), Palacios registró poseer un capital de $ 734.035,80.

Le siguen Roque Ordóñez Quezada, actual concejal de Cuenca, con $ 371.948,13 en patrimonio; y el también concejal de la ciudad Alfredo Aguilar Arízaga, con $ 260.665,03 de capital, según reportaron a la Contraloría General del Estado.

Datos de la Superintendencia de Compañías indican que el alcalde Palacios consta como accionista de la empresa Inmobiliaria Puravida Inmopuravida Compañía Limitada. Asimismo, el concejal Aguilar registra acciones en la firma Continental Tire Andina S. A.

Respecto al impuesto a la renta, en su primer año de gestión Palacios pagó $ 599,11 en 2019. Ya en 2020 sus tributos ascendieron a $ 3.481,57 y en 2021 se incrementaron a $ 3.536,05.

Por otro lado, el concejal Ordóñez canceló $ 27,86 en su primer año como integrante del Concejo Municipal de Cuenca. En 2020 su impuesto a la renta causado se elevó a $ 702,24 y en 2021 bajó a $ 159,57.

Asimismo, en 2019 el concejal Aguilar no pagó tributos. Ya en 2020 canceló $ 141, 91 y en 2021 pagó $ 123,04 en su impuesto a la renta causado.

Adrián Castro Piedra, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, también asoma en el listado de precandidatos a la Alcaldía de Cuenca. Según su declaración patrimonial juramentada hecha a la salida de su cargo, cuenta con un capital de $ 179.010,22. Y Castro también es accionista en la compañía Sial S. A.

En su reporte de pago al impuesto a la renta consta que en 2019 canceló $ 5.371,60, en 2020 pagó $ 1.767,18 y en 2021 tributó $ 869,60, según el Servicio de Rentas Internas.