Errores que cuestan tiempo y dinero. El modelo de administración del Metro de Quito no que se seleccionó la semana pasada no fue la mejor alternativa sino que no quedaban más caminos. El directorio de la Empresa Metropolitana Metro decidió que no se concesionaria la obra y que se contrataría a expertos internacionales para que acompañen por tres años y medio a la empresa pública para que aprenda a operar el medio de transporte que costó más de 2.005 millones de dólares.

Andrea Flores, gerenta de la empresa metropolitana, admitió en entrevista radial que no había tiempo para llevar adelante una concesión. En Quito, por ejemplo, el aeropuerto está concesionado a un operador privado.

¿Por qué no había tiempo si la obra tiene más de siete años en marcha? Porque una concesión debía iniciarse un año y medio antes de la preoperación del Metro. Es decir, en el inicio de la administración del alcalde Jorge Yunda debía seleccionarse un socio privado que garantice el buen funcionamiento de la obra emblemática. Eso no se hizo.

Ahora, la línea 1 del Metro está por concluir su obra física y ningún operador estaría interesado en la administración porque no se han realizado estudios de la rentabilidad de la construcción.

No fue el único descuido. En A Primera Hora, Flores también confesó que durante meses se debatió la opción de una alianza estratégica para poner en marcha el Metro aunque ese camino era ilegal. El Concejo del Distrito Metropolitano de Quito se enfrascó en la discusión de permitir que la Empresa Metro se junte con un operador privado para sacar más beneficios del sistema de transporte. Eso no está estipulado en las leyes y normativas vigentes.

Flores, luego de recordar que está en el cargo un poco más de dos meses, reconoció que esas demoras motivaron que se seleccione el modelo de administración directa. Ese formato ha sido cuestionado dentro y fuera del Municipio de Quito.

Para la concejal Analía Ledesma, el riesgo de permitir que la empresa metropolitana opere directamente el Metro es que se caiga en las mismas anomalías que tienen otros sistemas como el Trolebús, la Ecovía y el Corredor Central-Norte. Todos con reclamos y quejas de los usuarios.

Flores, de su parte, dijo que uno de los beneficios de la administración pública es que se mantendrá un sentido de ‘rentabilidad social’.