Casi intocables. Los candidatos de elección popular, mientras ostentan esa investidura, no pueden ser privados de su libertad, ni procesados penalmente, ni menos enjuiciados salvo cuatro excepciones.

Esta inmunidad de la que gozarán los aspirantes para los comicios de 2021 entra ahora en debate porque, a diferencia de procesos electorales anteriores, el país no contaba con precandidatos que tuvieran alguna deuda pendiente con la justicia (por lo menos no conocida públicamente), lo que pone en entredicho la esencia de esa figura que busca que la justicia no sea utilizada con fines políticos en medio de una campaña electoral.

La primera duda que salta es si existe riesgo de que esa inmunidad sea manoseada por algún candidato. Para el jurista guayaquileño y analista político, Francisco Jiménez, sí hay un riesgo que pone en entredicho, en las actuales circunstancias, el espíritu de la figura legal. “Toda norma puede ser mal utilizada y de toda norma se puede abusar. Ya decían los romanos: hecha la ley, hecha la trampa… Pero cuál es la otra opción. A veces el remedio es peor que la enfermedad. Quitar la figura de la inmunidad para todos los candidatos tampoco parece ser la decisión más recomendable”.

Una lista de precandidatos aparecen como investigados y con sentencia (ver gráfico). Destaca el caso del expresidente Rafael Correa quien, con sentencia condenatoria aún no ejecutoriada, puede presentarse como candidato. Ha manifestado su aspiración Vicepresidencial, pero tampoco descarta correr por una curul en la Asamblea Nacional. Según como avance este caso en específico, podrán encontrarse hendijas en la ley que por la falta de jurisprudencia previa puedan ser utilizadas por el exmandatario a su favor.

El constitucionalista y catedrático universitario Gabriel Hidalgo, habla desde el plano especulativo, ya que no existe jurisprudencia al respecto, al responder a algunas hipótesis planteadas por este Diario. Si un candidato cae en una prohibición, que no se conocía antes, justo después de que el Consejo Nacional Electoral ya calificó su candidatura, ¿esta es impugnable? “Por ejemplo, una sentencia condenatoria ejecutoriada con prisión debería anular la candidatura y un alterno reemplazar a esa persona”. ¿Qué pasa si esa prohibición llega después de que el candidato participa y gana las elecciones? “Lo mismo, debería anularse su participación”. ¿Qué pasa si esa prohibición llega después de que el candidato participa, gana las elecciones y es posesionado? “Lo mismo. Debería ir preso”.

Hidalgo precisa que esa persona no puede invocar la irretroactividad de la ley. “No puede decir: ‘como ya inscribí la candidatura yo gozo de derechos de aquí en adelante’. Puede haber disposiciones del poder judicial que son sobrevinientes a cualquier decisión que se tome de un proceso judicial en marcha. Pero no hay jurisprudencia. Así que cualquier cosa puede suceder”.

Marcelo Hallo gozó de esta inmunidad cuando fue candidato a la Prefectura de Pichincha en 2019, además es denunciante del precandidato presidencial, Leonidas Iza, y otros por el presunto delito de instigación a sabotaje y terrorismo por el paro de octubre. El jurista cree que esta figura debe ser reglamentada más que eliminada, para guardar su espíritu y que no exista el riesgo de ser mal utilizada. “Tal como está planteada la inmunidad, permite que la persona que está investigada por la justicia tenga la posibilidad de huir del país y que la candidatura sea una cortina de humo”.

Jiménez insiste en que unas mismas reglas del juego deben ser aplicadas a todos, teniendo en la mira a aquellas personas que con sus actuaciones previas puedan no ser aptas para ejercer un cargo público. “Si alguien ha sido condenado por corrupción pues tiene que hacerse respetar esa condena para que no pueda ser candidato. Si alguien no ha sido condenado por corrupción tiene el derecho a participar… y tendremos que ir viendo paso a paso cómo se van dando las cosas desde el punto de vista jurídico para saber si alguien está o no abusando de la norma que temporalmente lo protege”.