Para el 4 de enero de este año se debía realizar la apertura de ofertas y remate de los inventarios de la empresa pública Manabí Construye, creada durante la gestión del exprefecto de esa provincia, Mariano Zambrano, y que hoy camina rumbo a su desaparición.

La actual administración de la Prefectura manabita dispuso, mediante una ordenanza aprobada el 30 de junio de 2020, la extinción y liquidación de ese ente, que tuvo a su cargo cuestionados contratos de obras viales, ejecutados antes y después del terremoto de 2016.

El consorcio provincial denunció varias deficiencias e irregularidades detectadas en el manejo de la empresa, lo que fue justificación para decidir el fin de su vida jurídica.

“Los reiterados incumplimientos y el manejo poco eficiente de la empresa Manabí Construye, generados en la administración anterior, desviaron el propósito para el que fue creada, provocando la insostenibilidad de su desenvolvimiento económico, financiero y técnico dentro de una dinámica contractual con el Estado”, según la Prefectura.

En esa lista de anomalías, detalladas por la entidad, destaca su condición de contratista incumplido registrado en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El actual prefecto, Leonardo Orlando, indica a EXPRESO que la empresa no justificó recursos entregados para cuatro proyectos viales, que costaron alrededor de $ 60 millones, bajo el amparo de la Ley de la Solidaridad. Esa normativa, que entró vigencia en junio de 2016, permitió la obtención de recursos para atender la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron las más afectadas por el terremoto.

Las cuatro obras, cuyos contratos le fueron terminados de manera unilateral, son Convento-Zapallo; Barraganete-Tres Puntas; Flavio Alfaro-Facundo y Rambuche-Santo Domingo.

Menciona Orlando que la administración anterior dejó la empresa pública en una deficitaria situación económica y financiera. “No disponía de recursos, tenía un patrimonio negativo de aproximadamente $ 44 millones y también deudas con proveedores privados que superaban los $ 12 millones”.

Señala que su administración puso en conocimiento de la Contraloría todas las novedades encontradas. “No recibimos mayor cooperación de la administración saliente, a pesar de que la solicitamos formalmente. Eso quedará en manos de los órganos de control y de justicia que correspondan”, subraya.

El exprefecto Mariano Zambrano, por su parte, defiende el trabajo que Manabí Construye ejecutó durante su gestión. “La empresa cumplió su objetivo, se convirtió en el brazo ejecutor y gracias a ello mejoró totalmente la vialidad tanto en las 53 parroquias rurales con asfaltado, como en los ejes principales”, justifica.

Según él, las obras contratadas con recursos de la reconstrucción quedaron muy avanzadas. “Manabí Construye no tenía fines de lucro. Lo que se ganaba haciéndolo directamente y de manera rápida servía para hacer rehabilitar más tramos y hacer más obras”, afirma a este Diario.

En 2018, por observaciones a 20 contratos para la construcción o rehabilitación de carreteras, seis de las cuales estuvieron a cargo de Manabí Construye, por 5,3 millones de dólares, la Contraloría ordenó la destitución del entonces prefecto Mariano Zambrano y otros 10 funcionarios. Pero en octubre de 2020, el Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en Portoviejo, declaró ilegal y nulo el acto del organismo de control.

EL DETALLE

Herencia. De los alrededor de 200 trabajadores de Manabí Construye, unos 40 pasaron a formar parte de la empresa pública Manabí Vial. El resto fue liquidado.