El ministro de Finanzas Mauricio Pozo y la primera dama Rocío González de Moreno son dos de las decenas de convocados por la Fiscalía para dar su versión en el caso de las presuntas irregularidades en el plan nacional de vacunación contra la COVID-19.

Pozo y González han sido citados para el viernes 26 de marzo a las 08:00 y 13:00, respectivamente. Ellos son parte de una larga lista de llamados a dar su testimonio dentro de la investigación previa abierta por la Fiscalía en contra del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos y otros sospechosos. La información que ellos aporten será reservada, según lo dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este martes 23 de marzo estuvo citado Rodrigo Paz Delgado, presidente vitalicio de Liga Deportiva Universitaria. El convocado habría comparecido mediante videoconferencia.

La semana pasada la Fiscalía hizo allanamientos en el Ministerio de Salud en el sur de Quito y en el Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte. En esos sitios se incautaron documentos, dispositivos y computadores. En el norte se habrían hallado aparentes 'listas reservadas' de personas vacunadas. Funcionarios y beneficiarios fueron llamados a la Fiscalía y presentan versiones desde la semana pasada.

Este lunes, en una carta pública, el exministro Zevallos reconoció errores y habló de equivocaciones que se habrían cometido en el proceso de vacunación. El exministro renunció al cargo a finales de febrero y salió del país al día siguiente.

Su abogado, Pablo Encalada, no sabe si es que volverá al país, pero reconoce que el exministro es ciudadano estadounidense y tiene sus hijos en ese país. Refuerza el hecho de que pudieron cometerse errores. Pero opina que de ahí a que una persona pueda ser privada de la libertad por ese hecho, "es una absoluta desproporción. 

No cree que en el caso se haya registrado tráfico de influencias porque no existe norma que regule el proceso de vacunación porque la pandemia tomó a todos por sorpresa y el mundo no estaba preparado.

Afirma que tampoco puede existir en el caso peculado porque para eso debe haber abuso de recursos públicos en favor propio o de terceros.

Señala que la Fiscalía hace bien en llamar a declarar a los beneficiarios para conocer cómo así accedieron a la vacuna. Pero dice que no es lo mismo los rotarios, los tiktokers, el chef que accedieron a la vacuna en donde nada tuvo que ver el exministro Zevallos "porque la decisión la toman los coordinadores y gerentes de los hospitales y ahí es que han habido irregularidades porque lamentablemente en el país se valen de cualquier vacío y de cualquier oportunidad".

Manifiesta que su cliente está asumiendo su responsabilidad cuando con el gobierno se resolvió invitar a quienes recibieron las vacunas. Menciona que las versiones que rindan los convocados no aportarán mayormente a su estrategia de defensa que es en derecho, porque los cuestionamientos a los vacunados no tiene respuesta en lo jurídico y no se adecua a ningún delito.

Finalmente Encalada cree que en el proceso lo que falló fue la comunicación y que no existían suficientes vacunas. Además explica por ejemplo que los paquetes de vacunas tenían un número definido que se enviaba a determinados lugares y cuando sobraban y debían ser utilizados de forma urgente y en ese caso eran llamados o se vacunaba a quienes estaban en el sitio.

Una de sus reflexiones es que en la fase 0 de vacunó a aproximadamente 36.000 personas pero los cuestionados no son miles, por eso añade que en el caso hay una desproporción. Adicionalmente en muchos casos no se vacunaron porque no estaban de vacaciones, libres o no podían acceder a los señalamientos. 

Uno de ellos es el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín. Él reconoció que fue llamado para recibir la vacuna y en la primera invitación no pudo acudir porque estaba en Patuca y en la segunda llamada acudió y recibió su dosis.