Citando como argumento los tres grandes socavones registrados desde 2016 a la fecha y el hecho de que la Secretaría de Gestión de Riesgos, en 2018, haya calificado al cantón en ciertas zonas como de vulnerabilidad muy alta en su suelo, el activista comunitario José Victoriano Ochoa pidió al Cabildo un reavalúo de predios.

En un oficio que hizo llegar al alcalde, nombra también a las 300 personas desalojadas de 80 edificaciones de los alrededores del socavón de este diciembre.

Ya para el periodo fiscal 2018-2019, y a propósito de los antecedentes expuestos, el Cabildo resolvió rebajar los valores del impuesto predial, pero al conocer que no ha habido soluciones al problema minero ilícito, Ochoa cree que de ese tiempo a acá hubo una minusvalía y no una plusvalía en el cantón.

Dos viviendas patrimoniales cayeron en el más reciente socavón. En 2016, una escuela centenaria también lo hizo. El Cabildo deberá responder a Ochoa estos días.

El alcalde de ese cantón ha expuesto a este medio que quien debe vigilar lo que ocurre en el subsuelo es la Agencia de Regulación y Control Minero y que la remediación del mismo depende de un trabajo interinstitucional. En una entrevista reciente advirtió, además, que lleva años pidiendo medidas para frenar la minería. 

Esta primera semana de enero, el presidente Guillermo Lasso ha prometido regresar para marcar el plan de acción tras estas tres semanas de mesas técnicas.