Conspiró con un prófugo de la justicia, el excontralor Carlos Pólit, para bajarse al Fiscal General del Estado, nada menos. Las pruebas en su contra (principalmente el audio de una conversación telefónica delirante) eran tan contundentes que el Pleno de la Asamblea le retiró su confianza: el 9 de marzo de 2018, con 103 votos en su contra, José Serrano perdió la Presidencia del Poder Legislativo. Dos años y medio después, como si nada, el exministro, duro del correísmo, vuelve por sus fueros y se alza con la presidencia de la comisión más importante de la Asamblea: la de Justicia. Con fe y alegría, el primer Poder del Estado continúa dando pasos firmes hacia su total descrédito.

Todo estaba negociado. Ya desde la víspera, la elección de Serrano era un secreto a voces. El jueves, bastaron 14 minutos para instalar la Comisión, conocer la renuncia de la presidenta saliente (Ximena Peña, que dejó la Asamblea para participar en las elecciones) y elegir a su reemplazo en tiempo récord con ocho votos a favor, una abstención, un voto blanco y uno, solo uno en contra: el de Henry Cucalón.

Tras posesionarse en el cargo, el nuevo presidente lanzó un mensaje con antenas que dejó a todos boquiabiertos, embragando y cambiando de marcha para tratar de entenderlo: “Estamos aquí -dijo- para superar este estado de crisis que no solamente es en el orden de la salud: es en el orden social, en el orden económico, en el orden político, en el orden de la corrupción y también desde la perspectiva misma de la persecución política de parte de varias instancias a varios y a varias políticos y políticas del país”. Dicho lo cual dio por clausurada la sesión.

Crisis de persecución política, pues. Serrano ha venido a luchar contra ella. ¿A qué se refiere? Quizás una somera revisión de su ficha judicial ayude a comprenderlo. Porque resulta que José Serrano aparece mencionado en tantas investigaciones de la Fiscalía que en este artículo no habría espacio suficiente para explicarlas todas. ¿Se acuerdan de cuando el presidente César Litardo reconoció que la mitad de asambleístas tiene cuentas pendientes con la justicia? Pues a la cabeza de todos está, precisamente, el nuevo presidente de la Comisión de Justicia: su nombre aparece en 19 casos, incluyendo el de los fondos del ISSPOL, con el que niega relación aduciendo que el Ministerio de Gobierno, cuando él lo presidía, no era parte del directorio.

Entre los restantes figuran el caso Balda, donde él aparece en un audio comprometedor con el agente Luis Chicaiza. El ya mencionado caso de la conspiración telefónica con Carlos Pólit, con otro audio aún peor: “Definitivamente tenemos que bajarle -se le escucha decir, refiriéndose a Carlos Baca Mancheno- no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año”. También está un caso de tortura a estudiantes del colegio Mejía, con un video que lo muestra amenazando a las víctimas. El caso Estrella Dorada, como se conoce al escándalo de los pases en la Policía. El caso Fabrec, empresa pública que el correísmo se dedicó a quebrar con dedicación y esmero. Y algunos otros sobre manejos turbios en la adquisición de chalecos antibalas y vehículos para la Policía, en la construcción de varias UPC, en la fabricación de uniformes… El nombre de Serrano aparece con insistencia.

Por lo demás, ha sido objeto de tres denuncias concretas ante la justicia: una por delincuencia organizada, presentada por el hoy candidato a la Presidencia César Montúfar. Otra por fraude procesal, en la que su exasesor Diego Vallejo lo acusa de haber fabricado un caso de porte ilegal de armas en su contra. Y una tercera por conspiración para cometer asesinato, nada menos: el abogado Luigi García sostiene que Serrano tramó un plan para matarlo, en complicidad con Washington Prado, alias ‘Gerald’, procesado por narcotráfico y detenido en Estados Unidos.

Suficientes indagaciones para que cualquier funcionario público ecuatoriano se queje de persecución política. No es extraño que Serrano empezara su gestión en Justicia enviando un mensaje tan claro a la Fiscalía: vamos a luchar contra la crisis de persecución política. Sea esto lo que fuese.

Para que un sujeto con semejante currículum termine presidiendo la Comisión de Justicia de la Asamblea, varios astros deben alinearse. Primero: una presidenta afín (Ximena Peña) que desde el día en que asumió el cargo sabía que lo iba a abandonar para participar en las elecciones; fue sustituida por un alterno (Carlos Ortega) tan perdido en el espacio que, cuando llegó a la sesión del jueves, creía que iba a heredar la Presidencia, así dijo: “Es un honor para mí presidir esta Comisión”. Segundo: un grupo de desertoras del oficialismo (Kharla Chávez, Karla Cadena, Rosa Orellana) que encontraron en Serrano su pastor de almas y formaron filas en el minibloque que él administró con la habilidad de un argonauta, orientando las velas según soplara el viento. Tercero: un agradecido militante de Pachakutik (Elio Peña) que recibió su apoyo para convertirse en presidente de la Comisión de Fiscalización y ahora devolvió el favor alegremente. Cuarto: un exagitador correísta que hoy va por libre (Rodrigo Collaguazo), alterno recién posesionado de la corrupta Viviana Bonilla, y que siempre supo apostar en el momento preciso a la carta ganadora. Quinto: un socialcristiano (Esteban Torres) al parecer dispuesto a negociar cualquier cosa que no sea la bienaventuranza eterna del embrión humano.

Con el suyo suman ocho votos a su favor, a los que hay que añadir el sorprendente voto en blanco de Héctor Muñoz, que se agregó al ganador, y la oportuna ausencia de Lourdes Cuesta, quien prefirió asistir, a esa hora, a unas jornadas latinoamericanas sobre Derecho Constitucional: un asunto de vida o muerte.

El correísta Franklin Samaniego siguió la sesión chorreado sobre su asiento, sonrió tristemente con la resignación de quien sabe exactamente lo que está ocurriendo y se abstuvo en la votación. El socialcristiano Henry Cucalón, que dos años atrás fue uno de los que lideraron el proceso de destitución de Serrano de la Presidencia, votó en contra.

Es así como la Asamblea, la misma Asamblea que acaba de destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana por falta de “probidad notoria”, elige al más oscuro de los suyos para presidir la más importante de sus comisiones. ¿Cuánto tiene que ver con esto el presidente César Litardo? Hay teorías. En off, se dice que mucho, que todo. Lo cierto es que el gobierno ha mantenido una relación ambigua con Serrano: aunque en los hechos rompió con su bloque, nadie se lo ha echado nunca en cara. Más aún: a Serrano nadie le echa en cara nada. Él llega a las sesiones cada muerte de obispo (al menos esta era su rutina antes de la pandemia), se instala en su escaño parlamentario y se la pasa haciendo labores de oficina: atendiendo al uno y al otro, asambleístas de todos los bloque que se le acercan a resolver asuntos, algunos hasta se le arrodillan o se sientan en el suelo. Él los escucha, hace un par de llamadas y los despacha con un gesto. Y nadie lo toca.

Nuevo adalid anticorrupción

La primera tarea legislativa que espera a José Serrano al frente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional parece muy apropiada para una persona cuyo nombre aparece relacionado con 19 investigaciones fiscales, entre ellas varios casos de corrupción: se trata, precisamente, de una ley anticorrupción.

Una muy específica. Su título: Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal para Sancionar la Corrupción en Procesos de Contratación Pública en Emergencias. La propuesta es hija de la crisis sanitaria, con su secuela de corrupción en los hospitales. La envió Carondelet el pasado 30 de septiembre y la entonces presidenta, Ximena Peña, la dio por recibida en la última sesión que presidió antes de presentar su renuncia.