Ley de elecciones: no hay apuro

El Código de la Democracia requiere reformas profundas. La Asamblea, sin embargo, no parece tener tiempo para aprobarlas. Por lo visto, ganas tampoco.

Quito /
13 sep 2019 / 00:01

Abajo, en el salón plenario, las autoridades electorales y los representantes de las veedurías ciudadanas se desgañitaban exponiendo las reformas mínimas indispensables para el Código de la Democracia: reformas de fondo que cambian hasta un 80 por ciento del Código vigente. Arriba, en el primer piso, el presidente de la Asamblea, César Litardo, declaraba en rueda de prensa que “la reforma no tiene que ser muy profunda”, de lo contrario no estará lista para cuando se la necesite, es decir, un año antes de las elecciones de enero de 2021. A este paso y a juzgar por la voluntad manifiesta de los que están a cargo, el próximo presidente de la República y la próxima Asamblea Nacional serán electos prácticamente con las mismas reglas. Lo de fondo quedará para más tarde.

Esa reforma “no muy profunda” que quiere Litardo fue aprobada ya en primer debate y ha dormido en su despacho desde enero. No incluye cambios en la fórmula de asignación de escaños parlamentarios; ni en el régimen de circunscripciones electorales; ni en el procedimiento de votación entre listas para las elecciones plurinominales; ni en el sistema de justicia electoral... Por no incluir, ni siquiera incluye mecanismos de control del gasto y del financiamiento de las campañas. Todas esas cosas que, a la luz de la experiencia de las elecciones pasadas y luego de conocidas las perversiones del caso Arroz Verde, resultan imprescindibles.

Ese proyecto de reformas no muy profundas, que debió entrar ayer en segundo y definitivo debate, se cruza ahora con las propuestas de las autoridades electorales: una de la presidenta del CNE, Diana Atamaint; otra de la disidencia encabezada por el consejero Luis Verdesoto; una tercera del presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera. Ayer el Pleno recibió a los tres. Con ellos llegaron Simón Jaramillo, de la Corporación Participación Ciudadana; Fausto Camacho, del Observatorio Electoral; Nidia Pesántez, de ONU Mujeres. Se tomaron toda la mañana.

Piden más que un maquillaje: cambiar el método D’Hondt por el de Webster para fortalecer la representación de las minorías; restituir las circunscripciones provinciales y cantonales; eliminar el voto entre listas y restituir el voto en plancha; crear una unidad especializada de delitos electorales; llenar los vacíos del sistema de justicia electoral y crear mecanismos que eviten la congestión de los procesos; garantizar la paridad de géneros con medidas como obligar a los partidos a encabezar con mujeres el 50 por ciento de sus listas; establecer un mecanismo de control del gasto y el financiamiento de campañas que incluya el sinceramiento de las cifras, la publicación de las listas de donantes, la bancarización del gasto, la responsabilidad solidaria de los candidatos, la creación de fedatarios electorales... En resumen: es como tomar el proyecto de reformas ya aprobado en primer debate y echarlo a la basura.

¿Qué hacer? Marcela Aguiñaga, que fue presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura anterior, la que tuvo a su cargo el proyecto de reformas ya aprobado en primer debate, cree que no se puede presentar al Pleno, de buenas a primeras y para definitivo debate, un nuevo proyecto de reformas que no ha pasado por la Comisión. Que eso va en contra de las leyes y los procedimientos, dice. Ximena Peña, la actual presidenta de la Comisión de Justicia, sostiene que no se trata de un proyecto nuevo sino de “observaciones”. Y que el Pleno puede conocerlas e incluirlas en el debate sin violar procedimiento alguno. Y sí, al parecer nada se lo impide. Pero ¿es factible? Lourdes Cuesta, integrante de la Comisión, piensa que no. Ella no ve un problema jurídico sino práctico. Porque cuando el Pleno debate una ley, debate un texto. Y ahora tiene cuatro: el ya aprobado, el de Atamaint, el de Verdesoto y el de Cabrera. Que Ximena Peña llame “observaciones” a estos tres últimos no cambia el hecho de que alguien los debe procesar. Y el Pleno no tiene mecanismos para hacer eso.

Lo que se viene ahora, pues, es un debate sobre el procedimiento, que promete ser arduo.

Plazos

Una carrera contra reloj

Para regir sobre las próximas elecciones, el nuevo Código deberá entrar en vigencia en enero. Si se considera el tiempo que una ley ya votada tarda en ir y venir de la Presidencia de la República para su aprobación definitiva (generalmente entre un mes y mes y medio), la Asamblea deberá aprobar la nueva ley, máximo, hasta noviembre.

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