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Versión. Freddy Carrión se presentó en la Comisión de Fiscalización el 4 de septiembre pasado.Henry Lapo/EXPRESO

Una ‘legión’ de juristas, al rescate del defensor

Los abogados se centraron en lo penal, pese a ser un tema político. Fiscalización entregó la recomendación de censura y destitución

Al defensor le llueven los defensores. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante las comparecencias por el juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue el inusual número de juristas que acudieron en su defensa, pese a no tratarse de un proceso legal.

El primero que saltó a la luz fue Richard González, quien se presentó ante la Comisión de Fiscalización como abogado de Carrión. El 27 de agosto, día que arrancaron las comparecencias, fue desalojado de la sala por la Escolta Legislativa, ya que el presidente de esta mesa, Fernando Villavicencio, lo acusó de causar un incidente.

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González exigía hacer preguntas a los comparecientes, aunque no se había registrado para cumplir esa labor. Luego lo hizo. El abogado es parte del colectivo Acción Jurídica Popular, que primero pidió la renuncia del defensor cuando se vio involucrado en una pelea, entre la noche del 15 de mayo y madrugada del 16 de mayo, que terminó en una acusación por presunto delito sexual.

“Pero una vez que revisé todo lo que hay, decidí entrar en la defensa del señor Freddy Carrión Intriago”, explicó González, al ser consultado por su cambio de postura.

De la misma organización es parte Angélica Porras, quien también apareció en la primera fase del juicio político como defensora de Carrión. Muchos de sus cuestionamientos no fueron aceptados por Villavicencio, por considerar que pretendía llevar al campo penal un tema que era eminentemente político.

Tanto González como Porras, quien fue parte del Consejo de la Judicatura de transición, presentaron en las últimas horas una denuncia en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presunto fraude procesal, con base en la explicación que hizo la funcionaria ante la Comisión de Fiscalización sobre los hechos y la investigación iniciada en contra de Carrión.

Un tercer abogado que tuvo Carrión en el trámite de fiscalización fue Stalin Raza, quien además es su defensor en el proceso penal. El jurista fue solicitado por el propio defensor del Pueblo y también cuestionó a la Fiscalía sobre la flagrancia con la que se asegura actuó.

La legión de abogados no fue suficiente para convencer a seis de los nueve integrantes de Fiscalización de recomendar que el juicio político continúe en el pleno de la Asamblea Nacional.

Ayer, Villavicencio, junto a los legisladores Marco Troya y Pedro Velasco, presentó a la Presidencia de la Asamblea el informe aprobado el miércoles en el que recomiendan la censura y destitución de Carrión. Los tres asambleístas que son parte de esta mesa legislativa correístas se abstuvieron de votar por este documento.

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Juicio

Se prevé que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convoque el martes o jueves próximo al pleno para conocer el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomienda continuar con el juicio político y la censura y destitución del funcionario que permanece detenido desde el 17 de mayo.

Penal

El defensor del Pueblo fue llamado a la audiencia de juzgamiento, por un posible delito sexual, el 17 de septiembre próximo. El miércoles, Carrión apeló una negativa a su pedido de habeas corpus que nuevamente fue rechazada. En esa diligencia cinco abogados pidieron ser amicus curiae.