Salió barato: 400 mil dólares suman las indemnizaciones que el Estado ecuatoriano deberá pagar a las víctimas del caso El Universo (Emilio Palacio, Carlos Pérez Lapentti y Carlos y César Pérez Barriga) por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 200 mil menos de lo que Rafael Correa le sacó al Banco Pichincha por una ofensa mucho menos grave. La sentencia fue publicada esta semana y el procurador Íñigo Salvador, a quien el expresidente prófugo quiere responsabilizar por sus propias atrocidades, no esperó un día para hacer el anuncio que el país quería escuchar: que trasladará la factura a los auténticos culpables.

El proceso de repetición se pinta cuesta arriba. El Estado tiene un año para pagar y toda la vida para cobrar. La sentencia de la Corte IDH no identifica responsables con nombre y apellido. Y no basta con que todo el mundo los conozca: hay que establecerlos judicialmente, cosa harto engorrosa en un país que carece de una ley para regular el trámite de la repetición. Y como Rafael Correa ha demostrado disponer de fondos ilimitados para cubrir costas procesales (incluidos algunos de los abogados más caros del país), se puede anticipar un enredo interminable de recusaciones y estrategias dilatorias. Pasará mucho tiempo antes de los efectos de esta sentencia lleguen a tocar los bolsillos del expresidente prófugo.

Por el momento, Íñigo Salvador ha iniciado el proceso de repetición ahí donde la sentencia de la Corte IDH señala vagamente: en la Función Judicial. Parece razonable que el primero en la mira sea Juan Paredes, el juez temporal que puso su firma en la sentencia de primera instancia, en la que se encuentra al periodista Palacio, los directivos del diario y el diario mismo, culpables del delito de “injuria calumniosa grave contra la autoridad” y se establece una condena de tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares por concepto de indemnizaciones al entonces presidente. No con “la intensión (así está escrito: intensión con ‘s’) de enriquecimiento, sino de una justa valoración del daño emergente y lucro cesante ocasionados en su honor y buena fama”.

Tres años de prisión y 40 millones de dólares por un artículo de opinión. A Correa le pareció poco. Apeló la sentencia: pidió 80. Eran tiempos de impunidad y desmesura. Correa había ganado ya la consulta popular que le autorizaba a meter la mano en la justicia, la Corte Nacional estaba en proceso de reestructuración y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, escribía cartas a los jueces para prevenirles sobre la inconveniencia de fallar contra el Estado. Si querían conservar sus puestos o ser promovidos, sabían a qué atenerse. Este contexto explica lo que ocurrió a continuación, cuando los abogados de El Universo presentaron una solicitud de medidas cautelares para intervenir el equipo informático del juzgado y se descubrió que la sentencia no fue escrita por el juez: se la había mandado Chucky (nombre de usuario de la computadora en que se escribió).

La situación era tan irregular que el Consejo de la Judicatura intervino de inmediato para imponer sanciones. ¿Al juez Paredes, que evidentemente actuaba como títere? No: al juez que concedió las medidas cautelares, al auxiliar de informática que permitió la pericia y al notario que la certificó. 90 días de suspensión. Hasta ahí llegaron las cosas: nunca se supo la identidad de Chucky. El mensaje fue tan claro que, 15 días después, el tribunal de segunda instancia sabía exactamente qué hacer: “al no encontrarse causas de nulidad”, se ratifica la sentencia. Firman los jueces Henry Morán y Helen Mantilla, otros nombres que deben ser considerados para la repetición.

La lista se completa con los integrantes del tribunal de casación: el juez ponente Wilson Merino y los conjueces Jorge Blum y Paúl Íñiguez. Ellos acababan de ser posesionados por Rafael Correa, que el 27 de enero de 2012 presentó a su Corte Nacional de bolsillo en el Teatro Sucre de la capital e impartió instrucciones. “Prepárense -dijo- a todo un ataque mediático posicionando la idea de que la única forma de mostrar imparcialidad la nueva Corte será fallando contra el Ejecutivo o contra sus miembros”. Él les invitó a hacer lo contrario: “Que el verdadero estado de derecho se imponga al estado de opinión, donde los que juzgan, exoneran o condenan son los medios de comunicación”.

Dos semanas después, el 15 de febrero, los jueces Merino, Blum e Íñiguez se cubrieron de vergüenza: en una sala controlada por el cuerpo de seguridad de Carondelet, con la presencia del gabinete en pleno y una barra brava que boicoteaba la actuación de la defensa, se sometieron durante 16 horas a los caprichos de la parte acusadora (Correa), le permitieron todas sus interrupciones y desplantes y le entregaron obsecuentemente el mando de la audiencia. Obviamente, ratificaron la sentencia en todas sus partes. Cuando lo anunciaron la fiesta ya había empezado.

Así funcionaba la justicia de Rafael Correa. La sentencia de la Corte IDH es la confirmación, por parte de la más alta de las instancias regionales, del absoluto control de la Función Judicial que ejerció ese gobierno. Sin embargo, la reacción del expresidente prófugo ha sido responsabilizar al procurador (“Culpa no es de jueces de la Corte Interamericana”, tuiteó) y ratificarse en todo. Según él, el artículo “No a las mentiras”, de Emilio Palacio, que motivó todo el proceso, es una injuria calumniosa sobre hechos que no están sujetos a la opinión y, como tal, merecía la pena que se le impuso. Si la Corte IDH falló en su contra no es por falta de razones sino porque el procurador se allanó.

La verdad es que la Corte desmiente esos argumentos punto por punto. En primer lugar, porque deja firmemente sentado que el artículo de Palacio “es un artículo de opinión de un periodista respecto a un tema de interés público que no da lugar a ser sujeto a responsabilidades penales”. En segundo lugar porque recuerda que la recurrencia de funcionarios públicos ante instancias judiciales para presentar demandas por delitos de calumnia o injuria es un abuso y una amenaza contra la libertad de expresión. “La persecución penal -dice la sentencia- es la medida más restrictiva a la libertad de expresión, por lo tanto su uso en una sociedad democrática debe ser excepcional y reservarse para aquellas eventualidades en las cuales sea estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales”.

En resumen: el juicio contra Palacio y El Universo no solamente fue un proceso repleto de abusos e irregularidades, durante el cual se violaron los principios de igualdad, legalidad y competencia y que concluyó con una sentencia desproporcionada, injusta y absurda. Fue, sobre todo, según la sentencia de la Corte IDH, un juicio que nunca debió realizarse: “El proceso penal -dice- es, en sí mismo, violatorio de la Convención Americana”. Por más que lo trate de disimular en el Twitter, impartiendo línea a sus fanáticos que piensan lo que él les dice y jamás leerán la sentencia de la Corte, el desenlace del caso El Universo es la mayor derrota de Rafael Correa desde el caso Sobornos. Era un caso perdido aunque la Procuraduría se hubiera empeñado en defenderlo. Por eso, el nombre más importante en la lista de la repetición debería ser el suyo.

Sin ninguna proporción

Cuando Rafael Correa pidió a Emilio Palacio y los directivos de El Universo una indemnización de 80 millones de dólares, solo podía tener una cosa en mente: quebrar el diario. Al final del proceso, los jueces le concedieron la mitad de eso: 40 millones (10 de los cuales debían ser pagados por la empresa y los otros 30 por las personas naturales). El capital social de El Universo, hoy, asciende a 26 millones de dólares.