Desde su proclamación como presidente electo, Guillermo Lasso no ha parado de producir sorpresas gratas para los demócratas: un gabinete que tira hacia el centro, con figuras reconocidas por oponerse a sus propias convicciones conservadoras en temas sociales, con mujeres en puestos claves y un ministro de Finanzas que se aleja ostensiblemente de los fundamentalistas libertarios que lo apoyan; una actitud abierta hacia las minorías sexuales; una proclamación de respeto a las decisiones judiciales, a propósito de lo resuelto por la Corte Constitucional sobre el aborto… En fin: un gesto positivo tras otro. Pero el de este viernes fue, acaso, el más importante: el presidente electo se negó a participar en una alianza legislativa fraguada bajo la mesa y fundada en términos inconfesables para las partes y lesivos para el país. Al hacerlo, prefirió salvar el perfil ético de la Asamblea por encima de los beneficios de una fácil (y falsa) gobernabilidad. Y se sacó de encima, con un solo movimiento, a los partidos que pretendían mantenerlo bajo chantaje: el correísmo y el socialcristianismo, tan parecidos unos a otros que no podían sino juntarse.

La alianza con el correísmo para poner a Henry Kronfle en la Presidencia de la Asamblea era ilegítima. La idea de una “comisión de la verdad” que revise lo actuado por la justicia en los casos de corrupción de la “banda delincuencial” (así la calificaron los jueces) que operó durante el gobierno de Rafael Correa, es inconstitucional y atenta contra la independencia de funciones. Ningún correísta desmintió que tuvieran esas intenciones; al contrario: justificaron la idea. “Nadie debe oponerse a la verdad”, despachó el viernes Paola Cabezas, cargada de cinismo. Pierina Correa dijo que no sería la primera comisión de este tipo y citó las que se han conformado para conocer causas de derechos humanos. Como si la investigación de abusos policiales o militares se compadeciera con la revisión de sentencias ejecutoriadas.

Al conceder semejante demanda, el PSC estaba admitiendo y consagrando como verdadera la narrativa correísta del lawfare y la persecución política, con la que los corruptos llevan años tratando de eludir a la justicia. ¿Qué vendría después? Forzosamente, el descabezamiento de la Fiscalía, el reparto de los organismos de control, el fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana… Era obvio que el nuevo presidente, cuyo ofrecimiento en materia de corrupción era traer una comisión de las Naciones Unidas para ayudar en las investigaciones, no podía convivir con la perspectiva de un proyecto que perseguiría exactamente lo contrario.

El socialcristianismo oculta estos términos de la alianza. En el comunicado de cochambrosa ortografía en el que ese partido anunció el fin de sus acuerdos con CREO, se pretendió posicionar la idea de que el objetivo de la alianza con el correísmo era obtener “vacunas para toda la población”, generar “empleos de calidad”, recuperar “el campo y todas las actividades productivas” y otras cosas por el orden. Si se tratara nomás que de eso, ¿no podrían hacer alianza con cualquiera? Los socialcristianos acusan a Guillermo Lasso de haber faltado a su palabra (comprometida ya, según afirman en su comunicado, a apoyar la candidatura de Henry Kronfle en alianza con los correístas), pero es el compromiso del presidente con sus electores el que está en juego. Además, ¿qué valor puede tener la palabra empeñada en un acuerdo ilegítimo, secreto e inconfesable? Si Guillermo Lasso se comprometió a pactar con el correísmo la impunidad de sus sentenciados por corrupción, hizo mal. Y corrigió a tiempo.

Las elecciones presidenciales plantearon una disyuntiva muy clara entre un proyecto democrático y de sometimiento a la institucionalidad, y otro (el representado por el correísmo) autoritario y conocido por su irrespeto a la independencia de funciones, su utilización de la justicia, su propensión a eternizarse en el poder y su vinculación con la mayor red de corrupción de la historia republicana. Que este último obtuviera el 47 por ciento de los votos y una gran representación parlamentaria no significa, no puede significar, que el ganador esté obligado a pactar con ellos, a garantizarles la impunidad que exigen y a integrar la agenda autoritaria en su plan de gobierno. Por un momento, sin embargo, pareció que eso estaba por ocurrir. Durante varios días, ante el estruendoso silencio del presidente electo, el país contempló atónito cómo el partido de gobierno marchaba con aparente paso firme hacia ese pacto. Guillermo Lasso fue sensible ante el clamor de sus propios votantes y retrocedió a tiempo. Hoy le toca lidiar con Pachakutik y la Izquierda Democrática, que probablemente no sean los mejores aliados que pueda buscar un presidente de centroderecha. Pero ¿quién dijo que la democracia es fácil?