De regreso a la Asamblea. El presidente Guillermo Lasso respondió al pedido de la jueza de la Corte Constitucional, Karla Andrade, sobre si su veto a la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación es o no por inconstitucionalidad, a lo que el mandatario respondió: no. "No es una objeción por inconstitucionalidad, sino una objeción parcial", reza parte de la respuesta del primer mandatario enviada a través del secretario jurídico de la Presidencia, Fabian Pozo. 

El documento de cinco páginas hace un análisis sobre la potestad exclusiva del presidente de vetar las leyes y el tipo de objeciones a las que se puede acoger. Con esto, el Ejecutivo llega a la conclusión de que la Asamblea lo habría buscado es alterar el procedimiento de formación de la ley, y que si se daba pasa a dicho pedido constituiría un mal precedente y "un descalabro con los plazos previstos para el proceso de colegislación, una violación al principio de legalidad, una arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional". 

Es por ello, que el presidente, a través del secretario Pozo, pide a la Corte inhibirse de conocer el texto del veto parcial y por consiguiente rechazarlo y devolver el texto a la Asamblea Nacional para que continúe con el procedimiento "cuyos plazos siguen en curso". 

El pleno de la Asamblea Nacional, con el voto de 75 legisladores, decidió remitir el veto a la Corte Constitucional para que su pronunciamiento ya que a criterio de la Comisión de Justicia, que debate el proyecto, existen observaciones del Ejecutivo que se enmarcan en el ámbito de la constitucionalidad de la ley. El recurso cayó en el despacho de la jueza Karla Andrade que a su vez extendió la consulta a la Presidencia.