Las comisarías no pasaban reportes de multas cobradas

De los 5 excomisarios investigados, solo Jacqueline Hurtado fue denunciada por propietarios de bares.

30 abr 2012 / 12:51

En la Intendencia de Policía del Guayas no hay reportes globales sobre el monto mensual que, por el accionar de las comisarías, ingresa al Banco Nacional de Fomento (BNF).

La cuenta número 0010002583 de esa entidad bancaria estatal está destinada para, entre otras cosas, recaudar los valores fijados por el intendente y los comisarios por contravenciones, certificados de residencia, levantamiento de órdenes de clausura, autorizaciones para rifas y permisos de espectáculos públicos.

Pero es tal el desorden en las comisarías del Guayas -así lo señala un informe de la Secretaría de Transparencia-, que no hay un archivo de los comprobantes de depósitos que entregan los usuarios, que en algunos casos son anexados a expedientes a los que no pertenecen.

Uno de los pocos reportes que existen es el enviado, el pasado 1 de febrero de este año, por la entonces comisaria Estela Narváez Fernández, de las tasas cobradas a los usuarios durante enero, por un total de 448 dólares. Otro fue el remitido el 9 de noviembre de 2011, con 74 pagos de multas por 296 dólares.

Según un reporte de la encargada del departamento financiero de la Gobernación del Guayas, la falta de información de los depósitos le impedía a ella cuadrar los valores en el informe que envía al Ministerio del Interior.

“La información no pudo ser validada ni conciliada entre las emitidas por las comisarías, la Intendencia y el departamento financiero debido a que no existe una coordinación de actividades y funciones”, se señala en la página 13 del informe de Transparencia de Gestión firmado por el secretario Edwin Jarrín Jarrín.

Esa falta de coordinación ya había sido observada por la Contraloría General del Estado, que realizó un examen especial a los procesos de juzgamiento de contravenciones realizados entre enero de 2009 y enero de 2010.

En medio de ese desorden empezaron a registrarse las denuncias por el delito de concusión por el que la Fiscalía investiga a los comisarios César Hurtado (primero), María Alarcón (segunda), Jacqueline Hurtado (tercera), Gina Anzuátegui (cuarta) y Estela Narváez (sexta), todos con orden de detención, pero solo Hurtado está detenido.

El proceso de indagación previa iniciado por el fiscal cuarto de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Roberto Cabrera, el pasado 16 de abril, se convirtió hace ocho días en una instrucción, en la que consta un escrito del coordinador de asesoría jurídica de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. El documento extracta las seis denuncias de los propietarios de bares y restaurantes que recibió el organismo gubernamental, cinco en contra de la excomisaria tercera Jacqueline Hurtado y una en contra del excomisario Fabián Granizo.

Los denunciantes de Hurtado son Richard Tomalá, de Barincuba; Héctor Yépez, de El Capi; Liliana Rendón, de Diva Nicotina; Marcelo Bastidas, del night club Isla del Tesoro; y Carmen Marola. La acusan de cerrarles arbitrariamente sus negocios y pedirles dinero, a través de su secretario, para levantarles las clausuras y, en el caso de detenidos, otorgarles las boletas de libertad.

Tomalá dijo que le pidieron 150 dólares; Yépez, que le cerraron el local de venta de comida rápida a las 16:30 con el argumento de que estaba fuera de horario; Rendón, que le pidieron 600 dólares para liberar a su esposo; Marola, que querían forzarla a firmar documentos aceptando pagar valores; Bastidas, que clausuraban su negocio sin motivo, cada vez que quería.

Contra los otros cuatro excomisarios no hay, en la instrucción fiscal, ninguna acusación del cometimiento del delito de concusión (exigir pago ilegal), a más del informe de 700 páginas de las auditorías realizadas por la Secretaría de Transparencia a las comisarías Primera (César Hurtado), Tercera (Jacqueline Hurtado), Quinta (Gina Anzuátegui) y a la Intendencia de Policía del Guayas (Julio César Quiñónez).

Aquel documento detalla irregularidades en 295 de los 301 expedientes revisados y resalta el hallazgo de un desorden total. Resalta la falta de las actas de juzgamientos y los comprobantes de pagos de las multas, no se señala la pena pecuniaria; no concuerdan las boletas de excarcelación con el número de detenidos; los sellos de clausura están duplicados o solo son sellos de reapertura.

“Es inconstitucional que una autoridad administrativa aplique una sanción sin explicar ningún motivo y negándose manifiestamente a exhibir una orden escrita... Es una violación atroz del derecho de defensa que se prive de la libertad a un abogado por el simple hecho de ejercer su obligación legal de patrocinar los legítimos intereses de su cliente. Hemos conocido de diversas fuentes que este es un modus operandi habitual de la comisaria en mención (Jacqueline Hurtado)”, denunció Héctor Yépez, a la Secretaría de Transparencia.

Varios fueron los amparos de libertad y acciones de protección que los afectados presentaron ante la Justicia en contra de Hurtado. Gonzalo Ricardo Ortega Pacheco y Liliana Rendón Robayo acudieron a esa instancia.

Geoconda Muñiz Sánchez cuenta que sufrió en carne propia el atropello, pero por la entonces comisaria Estela Narváez, que la envió a la cárcel sin motivar su sentencia. A su abogada, Linda Sabando, por defenderla, también la detuvieron ilegalmente. Ambas decidieron acusarla por prevaricato. Muñiz presentó la demanda el pasado 20 de este mes y, Sabando, tenía previsto hacerlo el viernes.

Para recuperar su libertad, dice Muñiz, tuvo que pagar 16 dólares en el Banco Nacional de Fomento, y otros 40 dólares al secretario de Narváez, por lo que no le dieron recibo.

Durante el 2011 y abril de este año, fueron múltiples las detenciones y órdenes de clausuras y reaperturas de locales que ordenaron las comisarías, e iniciaron expedientes a través de los cuales se violó el debido proceso.

César Hurtado clausuró los bares Capuz Beer, Currama, la Bella y el prostíbulo Tía Alejandra; Jacqueline Hurtado clausuró el bar Café RA, las discotecas Borincuba, Isla del Tesoro, Boricua, Brakunatana, La Paleta en las rocas, Diva Nicotina, el hotel Deweng; el intendente Julio César Quiñónez clausuró tres salas de juego, el bar Paraíso del Deseo, The Winners y Don René. El funcionario no ha sido imputado en el proceso.

Jacqueline Hurtado V.

31 años. Fue reina de Esmeraldas. Abogada de la Universidad de Guayaquil, registrada en la Senescyt el 10 de julio de 2008. Ocupó las funciones de comisaria desde el 17 de agosto de 2010 hasta el 11 de abril de 2012. Percibía $ 986 mensuales. Casada con Roberto Joaquín León Rodríguez, contra quien se iniciaron procesos judiciales, uno por robo en 1996.Tiene orden de detención.

María Alarcón Salas

27 años. Abogada de la Universidad de Guayaquil, registrada en la Senescyt el 27 de julio de 2011. Además, tienetítulo de periodista profesional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con registro del 17 de agosto del mismo año. Comisaria segunda desde el 9 de febrero de 2011 hasta el pasado 11 de abril. Su sueldo mensual era de $ 986.Tiene orden de detención.

César Hurtado Lascano

51 años. Su título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad de Guayaquil, fue registrado en la Senescyt el 3 de agosto de 2010. Ocupó el cargo de comisario primero de Policía del 13 de enero de 2011 al 21 de abril de este año, con un sueldo mensual de $986. Fue detenido hace 8 días por el supuesto delito de concusión. Está en la Penitenciaría del Litoral.

Gina Anzuátegui Peñafiel

41 años. Soltera. Obtuvo el título de abogada en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, que fue registrado el 1 de abril de 2010 en el ex Conesup. En la Comisaría Quinta estuvo solo durante 42 días (del 29 de febrero hasta el 11 de abril de 2012). Es investigada por concusión por la Fiscalía, en donde se inició una instrucción fiscal.Tiene orden de detención.

Estela Narváez Fernández

27 años. Según la información que consta en el Registro Civil, está casada con Érick Méndez. Se graduó de abogada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, título que registró el 14 de julio de 2011 en la Senescyt. Ingresó como comisaria sexta el 21 de septiembre de 2011 y salió el 11 de abril de 2012. Está acusada de concusión. Tiene orden de detención.

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