Los festejos por la aprobación de las reformas electorales se van enfriando. Un colectivo que se autodenomina Somos Ciudadanos presentó ayer una demanda ante la Corte Constitucional (CC) en contra de uno de los cambios que la Asamblea introdujo al Código de la Democracia.

Específicamente, los activistas consideran que es inconstitucional que los legisladores hayan decidido cambiar el método de asignación de escaños de D’Hondt a Webster, pero manteniendo inalterables las circunscripciones electorales.

Víctor Rivadeneira, vocero de este colectivo, dijo ayer que mientras se mantenga esta figura en la estructura electoral del país, se seguirá cometiendo “fraude” contra la representatividad política y los votos que depositan los ciudadanos.

Explica que, por ejemplo, en las elecciones seccionales de marzo de 2019, Fuerza Compromiso Social, que cobijó al correísmo, obtuvo el 22,4 % de los votos para conformar el Consejo Metropolitano de Quito, pero gracias a las circunscripciones alcanzó el 42,5 % de escaños. “Si no se declara la inconstitucionalidad de este artículo, se repetirá lo mismo en las próximas elecciones y los grupos políticos pequeños quedarán nuevamente excluidos”, argumentó Rivadeneira.

No son los únicos inconformes con este tema. Grupos ciudadanos como Esquel, Nosotras por la Democracia, Observatorio Electoral, Fundación Ciudadanía y Democracia, entre otros, prevén hacer un reclamo similar ante la Corte en los próximos días.

Sus representantes aseguran que aplicar el método de Webster manteniendo las circunscripciones electorales es incompatible. En los comicios del 2013 se aplicó por primera vez esta figura en Guayas, Pichincha y Manabí. Las dos primeras provincias fueron divididas en cuatro distritos; la tercera, en dos.

Fausto Camacho, que es parte del Observatorio, le dijo ayer a EXPRESO que esas no son las únicas objeciones que tienen a las reformas al Código de la Democracia. Hay tres aspectos más que serán demandados ante los jueces de la Corte Constitucional.

Igualdad

Otro punto en disputa es la licencia que deben pedir los funcionarios elegidos por voto popular que opten por la reelección. La Asamblea ratificó que serán 45 días (mientras dure la campaña electoral) sin sueldo. Los demás funcionarios públicos deberán pedir licencia desde el momento mismo de su inscripción (casi 100 días).

Migrantes

Los colectivos ciudadanos también prevén demandar que se hayan establecido requisitos distintos para la inscripción de los candidatos en el exterior, con relación a los que lo hagan en el país. Los activistas consideran que todos los requerimientos deben ser exactamente los mismos para todos.

Sanciones

Un reclamo que podría llegar a la Corte es debido a que en las reformas sí se establecen sanciones (incluso la pérdida de los derechos políticos o la destitución) para los funcionarios electorales que cometan infracciones. De estas sanciones fueron excluidos los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.