La realidad del acoso político a las mujeres

Una propuesta de ley está en estudio z No existen datos estadísticos - Una viceprefecta presentó una denuncia

09 mar 2015 / 00:47

Una escoba. Ese fue el obsequio que entregaron un grupo de concejales de un municipio de la sierra-centro del país a una concejala en su primer día de trabajo. Puede parecer jocoso para algunos, pero seguramente para ella no lo fue. Ese simple gesto es un claro caso de violencia política hacia la mujer. El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer define este tipo de violencia como un acto ilícito cometido por una persona o a través de terceros en contra de una mujer o su familia, con el propósito de impedir o restringir el ejercicio de un cargo político, o inducir a tomar decisiones en contra de su voluntad, sus principios o a través de actos que causen daños físicos, morales o sexuales. El concepto de acoso político se ha acuñado desde hace unos cuatro o cinco años, comenta la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora. Por tal motivo es complicado obtener datos precisos sobre el número de féminas violentadas, el acoso más común y más información del país, la región y el continente. Sin embargo los casos están ahí. En enero de este año, la viceprefecta de El Oro, Cecilia Serrano, presentó una denuncia en la Fiscalía contra el prefecto de dicha provincia, Esteban Quirola, por el supuesto delito de odio y discriminación. Serrano asegura que es víctima de una serie de acciones que coartan su trabajo, por ejemplo, el impedimento a expresarse en las sesiones, la prohibición de acceso a información, el bloqueo de propuestas, entre otras. Ella desconoce el motivo de fondo de estos hechos, pero cree que su condición de mujer ha influido. El prefecto Quirola recibe la denuncia “con profunda pena”. Dice que no hay nada de cierto en la querella e insta a la viceprefecta a probar sus acusaciones. Niega cualquier acción discriminatoria o que haya coartado su labor. El funcionario comenta que intentó conversar con Serrano para solucionar el impasse, pero “la única vez que le dije para conversar me respondió que dialogaba con la presencia de su abogado”. Si bien cualquier mujer política en las diferentes esferas de poder puede ser víctima de violencia, la experiencia (a decir de Mora) revela que existe una mayor intencionalidad de exclusión en las esferas locales. La presidenta de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, Luz Haro, cuenta que en este nivel de gobierno no es extraño encontrar casos de mujeres políticas insultadas, impedidas de expresarse y hasta acosadas con propuestas indecorosas. El maltrato se acentúa en esta esfera porque en su mayoría, precisa Haro, son mujeres tradicionalmente dedicadas a la vida doméstica y al trabajo del campo, que desconocen sus derechos y obligaciones como autoridades locales. Las mujeres municipalistas, como se conoce a las alcaldesas, vicealcaldesas y concejalas, sufren similares maltratos, que se profundizan cuando se trata de indígenas y afroecuatorianas, explica Aracelly Calderón, presidenta subrogante de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (Amume) y concejala de Ambato. Para intentar contrarrestar esta práctica, se estudia actualmente una propuesta de ley sobre el acoso y violencia política por razón de género, que nace del gremio presidido por Calderón. Ella espera presentar el proyecto a mediados de año. Para la viceprefecta de Azuay y primera secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Prefectas y Viceprefectas del Ecuador, María Cecilia Alvarado, el combate al maltrato político debe ser estructural, organizado y sistémico. En otras palabras, luchar no solo contra la violencia en la política sino también en el hogar, en el trabajo y demás ámbitos. En ese marco, Alvarado considera que las mujeres políticas deben ser las primeras en aportar a la creación de políticas públicas. Pese a los esfuerzos de varios frentes, la mayoría de mujeres políticas violentadas callan. Otras, ante la presión, optan por renunciar a sus cargos. Es frente a este escenario que Alvarado cree indispensable que las féminas demuestren que son capaces de tomar decisiones, de hablar, de expresarse y no callar.

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