Un pequeño grupo de indígenas Kichwa de la Amazonia y de organizaciones de derechos humanos se concentraron este viernes en los exteriores del Consejo de la Judicatura en Quito para reclamar justicia por el derrame de crudo hace más de diez meses en los ríos Napo y Coca.

Representantes de varias comunas afectadas por ese desastre, que tuvo lugar en abril de 2020, realizaron un plantón para exigir una respuesta inmediata de las autoridades penales a su situación, marcada por la contaminación de sus fuentes de agua.

Juan Licuy, dirigente de la comuna Sardinas, se quejó de que casi un año después no tienen respuesta y que "como indígenas" merecen "atención y justicia".

"En las comunidades afectadas, los niños y adultos mayores tienen problemas en la piel y estómago. Hasta ahora, el río sigue oscuro", señaló por su parte Marlene Yanez, dirigente de la comuna Domingo Playa.

Las quejas de las 105 comunidades afectadas van desde la contaminación de fuentes de agua a la de alimentos porque, aseguran, no han limpiado el petróleo del todo.

Las válvulas de los oleoductos se cerraron rápidamente, pero aún así, el remanente que había en las tuberías, equivalente a unos 15.800 barriles de petróleo, se derramó en ambos ríos.

Tanto las autoridades del Gobierno ecuatoriano como las operadoras Petroecuador y Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) aseguraron haber limpiado la contaminación y haber prestado a la población la asistencia requerida por ley.

"Las comunidades toman agua sucia, ahí mismo se bañan. Necesitamos que sane nuestra comida, islas, montes, pescados, ríos", exponía en la concentración una mujer de una de las organizaciones convocantes, la Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae).

Con eslóganes como "Agua quiero, vida quiero, selva quiero, derrame No", y con pancartas de "Derrame Nunca Más", el grupo indígena manifestó su protesta por la falta de respuesta de las autoridades judiciales a sus demandas.

Según la coordinadora de la Alianza de los Derechos Humanos de Ecuador, Vivían Idrovo, "el Estado y OCP no tomaron medidas de atención adecuadas para garantizar que no ocurra un derrame".

"Tuvieron alertas desde la desaparición de la cascada San Rafael, es decir, más de 60 días. No hubo medidas de contención adecuadas", aseguró sobre el desplome de una cascada en febrero que dio origen a un fenómeno de erosión en la zona.

Y agregó que los comuneros "no recibieron atención integral del Estado en medio de una pandemia, no tuvieron ni tienen atención adecuada en salud, ni dotación de agua".

"Las comunidades ahora enfrentan los efectos de la erosión regresiva. Llevamos más de diez meses sin sentencia definitiva", recordó sobre las medidas cautelares requeridas, acciones de protección y reparación integral que han solicitado para las 27.000 personas afectadas.