El pedido de juicio a Espinosa pasa al Pleno de la Asamblea

La bancada independiente, BADI, había amenazado con abandonar la mayoría oficialista si el proceso no avanzaba. Al final, el cálculo político pesó más.

Quito /
18 jul 2019 / 00:01

Una exfuncionaria del correísmo alteró el andamiaje que el oficialismo intenta estructurar en la Asamblea Nacional. La solicitud de juicio político a la exministra de Salud Verónica Espinosa puso en jaque la continuidad de la coalición legislativa conformada por Alianza PAIS, CREO, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI).

Al final, y aunque insistieron en que no había indicios de responsabilidad penal, los legisladores del movimiento del presidente Lenín Moreno se inclinaron por apoyar el juicio.

El oficialismo decidió respaldar la moción para que el pedido de interpelación vaya al pleno, sumándose a la moción de la oposición. La decisión dela Comisión de Fiscalización se la tomó por unanimidad, esto es 13 de 13 legisladores presentes.

El proceso tomó más tiempo del esperado porque PAIS dilató la sesión. Sus militantes, que incluso enviaron a sus alternos, no querían dar paso al juicio. El resto de movimientos, que cuentan con siete votos en la mesa, estaban del otro lado. Ellos consideran que Espinosa incumplió sus funciones y debe ser procesada políticamente.

El tema de las funciones de la exministra, al menos para el oficialismo, no fue el centro del debate ni el factor decisivo. Alianza PAIS no se arriesgaba a perder su frágil mayoría. Tal es así que los legisladores oficialistas al momento de argumentar sus votos insistieron en que lo hacían en favor de la gobernabilidad.

Criterio que fue corroborado por el asambleísta Eliseo Azuero, del BADI, quien afirmó que “es gratificante que el acuerdo por la gobernabilidad para la reinstitucionalización del país esté dando frutos. Ya no hay la comisión de archivo”, sentenció.

La indecisión de la Comisión sobre el enjuiciamiento, o no, de Espinosa ponía en riesgo el acuerdo. El BADI, ante la vacilación de PAIS, condicionó su continuidad en el bloque y amenazó con abandonarlo si el oficialismo no daba paso al juicio político a la exministra acusada por Mae Montaño.

El legislador Raúl Tello aseguró que uno de los compromisos fue llevar procesos de fiscalización transparentes y sin injerencia de otros poderes del Estado. Algo que, a sus ojos, no se cumplió en el proceso en marcha.

¿Pero qué perdía PAIS (y el presidente Moreno) si decidía no enjuiciar a Espinosa y se distanciaba del BADI? Para el Gobierno, la aprobación de leyes importantes. Las reformas laborales y tributarias que han sido anunciadas y son parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la aprobación de las leyes se requiere de 70 votos. Ocho hacen la diferencia.

Ante estos anuncios, los diálogos al interior de la Comisión de Fiscalización fueron intensos, lo que ocasionó que la Mesa suspenda por cuatro ocasiones el trámite de sesión y se mantengan conversaciones. Tras la última suspensión, la reunión se instaló con los 13 asambleístas que la conforman, quienes terminaron votando a favor del juicio.

La resolución del organismo concluye que la exministra de Salud es responsable de la gestión, regulación y control del Sistema Nacional de Salud, incluido Arcsa.

Sobre el mal manejo de los kits de pruebas rápidas para la detección del VIH, concluye que hubo un impacto negativo en la sociedad ecuatoriana, por los informes no concluyentes y contradictorios emitidos por Arcsa. Además, ve con preocupación la aplicación de las políticas de salud en la provincia de Esmeraldas.

Sobre el paracetamol contaminado, los comisionados no encuentran mérito suficiente que sustente un incumplimiento de funciones por parte de la exministra. Asimismo, no se encuentra un incumplimiento en la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, puesto que no era su función.

No se evidencia el incumplimiento en la denuncia sobre el gel desinfectante Chemscrub, así como con respecto a los medicamentos con problemas.

Tampoco se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa; mas sí de carácter político.

Con estas conclusiones, la comisión votó por recomendar que el juicio vaya al Pleno.

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