Juicio político, de chorro a goteo

El principal contrapeso de poderes es una especie casi en peligro de extinción. La partidocracia logró 42, el correísmo archivó 20 y el morenismo enfrenta dos

17 jun 2017 / 00:01

La palabra de moda: juicio político. En las primeras tres semanas del nuevo Gobierno, el oficialismo y la oposición se disputan la posibilidad de inaugurar la interpelación, tras casi una década de archivos, que llevó a peligro de extinción al principal contrapeso político entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En la recuperación de la facultad parlamentaria Alianza PAIS ha enfocado su mirada en el contralor general Carlos Pólit, cuya censura y destitución pueden completar sin requerir de los votos de la oposición. Por el contrario, la oposición fija la mirada en Jorge Glas, vicepresidente y amo y señor de los sectores estratégicos, con expectativas altas para alcanzar el número de firmas mínimas, pero bajas a la hora de obtener el dictamen favorable de la Corte Constitucional, que se requiere para el primer y el segundo mandatario.

Las iniciativas de control político ponen fin a la muralla de contención que impuso la mayoría oficialista durante la era de Rafael Correa, blindando a su Gobierno con el archivo de 20 causas contra ministros del correísmo. Solamente dio luz verde a la interpelación y censura de la entonces exsuperintendenta de Bancos, Gloria Sabando, propuestas por PAIS.

El archivo sistemático de juicios políticos durante la era correísta se basó, según sus propias declaraciones, en la “falta de pruebas”, como argumentara la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en su último y más notorio archivo: el juicio contra Augusto Espinosa (hoy legislador) por confesar no haber asegurado los bienes y escuelas a su cargo como ministro de Educación.

Pero las “pruebas” de un juicio político se distancian mucho de las requeridas por un proceso judicial. El ‘impeachment’, básicamente, es una valoración sobre la responsabilidad y capacidad política. Un voto de confianza.

Fue esa valoración, y no las pruebas, la que llevó al expresidente León Febres-Cordero, en la catapulta de su carrera legislativa, a exhibir unas muñecas de trapo y contrastar las fechas de los contratos, para lograr la destitución del ministro de Osvaldo Hurtado, Carlos Feraud Blum, en septiembre de 1981. O la que utilizó el alcalde Jaime Nebot, en sus inicios parlamentarios, cuando sentó en el banquillo político al ministro de Educación de Rodrigo Borja, Alfredo Vera Arrata, y lo censuró por considerarlo responsable político de los malos manejos que la Justicia había imputado contra su subordinado Trajano Andrade, por el caso de las planchas de acero. También lo sabe el exvicepresidente Alberto Dahik, quien terminó dimitiendo antes del juicio político, cuya censura estuvo aupada por la valoración de su accionar político, unida luego, por cuerda separada, a la causa judicial en su contra.

Desde el regreso a la democracia, la llamada partidocracia logró con éxito más de cuatro decenas de interpelaciones, un contrapeso de poderes reducido a la mínima expresión que hoy, en una Asamblea en calentamiento, muestra intenciones de recuperación.

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