Un principio de igualdad, es lo que dio paso al pedido que hiciera el exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), David Proaño Silva, para que se levante el arresto domiciliario que    cumplía dentro de una investigación por presunto peculado.

Así lo dispuso la jueza Yadira Proaño Obando, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del cantón Quito, en la audiencia revocatoria de medida cautelar que se realizó la mañana del martes 7 de junio de 2021.

Aunque la Fiscalía manifestó que no han variado los elementos que llevaron a formular cargos en contra de Proaño; y que, al contrario existirían incluso más elementos dentro de la etapa de investigación, la juzgadora valoró el estado de salud del exdirector, cuyo defensor aseguró que tiene una enfermedad catastrófica; además de la situación de otros procesados que están libres por un habeas corpus. “(...) existe un principio de igualdad formal y material que beneficia al resto”, señala en una parte de la resolución la jueza. En ese sentido, aceptó el pedido del procesado, pero consideró además que sería imposible que utilice un dispositivo electrónico, por lo que “por un principio de igualdad”, ordenó que se presente ante la autoridad cada 15 días y la prohibición de salida del país.

Proaño es investigado junto con otros exoficiales de la Policía, dentro del denominado caso de los bonos con pacto de recompra, que habría generado un perjuicio de casi 800 millones de dólares en posibles inversiones de riesgo a la Isspol. Es uno de 12 expedientes que investiga la Fiscalía, la mayoría en indagación.

Posturas

Nuevos elementos acusatorios

Durante la audiencia, el fiscal Martín Navarrete manifestó que existirían nuevos elementos que determinan la responsabilidad de David Proaño y que incluso ya se cuenta con pericias que permiten determinar el flujo de los depósitos. En este caso, el perjuicio financiero que se habría ocasionado. Representantes de Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional se allanaron a la postura de la Fiscalía, “toda vez que existiría un presunto delito, cuya pena tiene más de 10 años y que existiría incluso un peligro de fuga por parte del procesado”.

En su intervención, representantes del Isspol recordaron que "estamos frente a un hecho de conmoción social, porque la imagen y prestigio del Isspol se ha visto afectada, más aun los derechos de todos los afiliados, como institución policial se tiene por estas malas inversiones. No podemos cumplir con todos los derechos que tienen los asegurados, refiriéndonos al pedido de revisión de medidas". Insistieron en que no ha variado la situación del procesado ni del proceso, no se ha evidenciado nuevos hechos que así se justifique.

Como Isspol solicitaron que no se de paso al pedido de revocatoria de la medida, que consideran es la garantía que tiene como institución a fin de que el procesado pueda comparecer dentro de la etapa de juicio, la pena de diez a trece, eso significa que existe una pena y más aún el peligro de fuga es mucho mayor en relación al pedido que hizo el general Proaño. "Como institución policial y al ser un afiliado pasivo sorprende que manifieste que se encuentra en un estado de salud deteriorado, como institución han realizado las gestiones pertinentes para brindarle asistencia a través de la dirección del Isspol, se realizó ante la dirección de salud y se acudió hasta el domicilio del señor David Proaño con la vacuna como él lo había solicitado", dijeron los representantes. Añadieron que  han ingresado dos oficios en el que certifican que el señor Proaño Silva David, una vez verificado en el sistema informativo se videncia un registro de atención médica. Además indicaron que el procesado no acudido al hospital de la Policía, por lo que adjuntaron un oficio en el cual certifican que se generaron documentos para ampliación de cobertura dirigido a SOLCA, y certifica además que no hay otra solicitud de atención por parte del hospital Quito número 1. Con ello, aseguraron que el general Proaño Silva jamás ha solicitado al Ispol que se realice las gestiones correspondientes para que sea atendido por una enfermedad catastrófica.