Destituido. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos, ordenó la destitución del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, por no acatar una acción de protección solicitada y concedida a favor de Tito Alí Álvarez Parreño, domiciliado en el cantón fluminense y representante legal de la empresa Ranicor S.A. De acuerdo al fallo judicial, el prefecto Orlando no habría acatado en su totalidad la sentencia y reparación integral que ordenó el juez el pasado 9 de noviembre.

El juez reconoce que si bien el funcionario ha realizado algunas acciones orientadas a acatar el fallo, advierte que "el cumplimiento de la sentencia y de la medida de reparación integral no se agota en esas acciones, pues parte de los efectos jurídicos de anular una terminación anticipada y unilateral de un contrato, consiste en retrotraer el proceso contractual al momento previo en que se emitió la terminación unilateral y anticipada del contrato, a fin de que la relación contractual de las partes continúe desarrollándose con normalidad".

Al contrato al que hace referencia el magistrado es uno de emergencia para la obra de  construcción de un sistema de riego y drenaje tecnificado a nivel de parcelas en las Comunidades KM 16 Los Caras, KM 20 San Agustín y KM 21 de los Cantones Sucre y Tosagua de Manabí, que el Consejo Provincial declaró terminados de manera unilateral.

El contratista interpuso una acción de protección en la que el juez encontró vulneraciones a los derechos constitucionales y al debido proceso. Es esta acción que, a criterio del juez de Los Ríos, no fue acatada en su totalidad y que ahora origina la destitución del prefecto. "Los escritos presentados por el accionante, el accionado y la Defensoría del Pueblo se advierte que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí no ha permitido la ejecución del objeto contractual al impedir que se reinicien los trabajos de la obra... circunstancia, que ha sido reconocida expresamente por parte del Prefecto de Manabí".

El magistrado también ordena al Consejo Provincial de Manabí posesionar al reemplazo de Orlando y, en el término de 10 días contados a partir de la posesión de la nueva autoridad, dar cumplimiento a la acción de protección. 

El juez bajo el amparo del artículo 86 numeral 4 de la Constitución y 21 y 22 numeral 4 de la Ley de Garantías Constitucionales ordena la destitución del prefecto. Este Diario le escribió al funcionario, pero no ha respondido al pedido de un comentario o reacción