Una revelación que causó remezón institucional. Las entidades relacionadas con el sistema de justicia del país experimentan desde ayer una suerte de zozobra luego del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador en el que se anunció que se revocó la visa a jueces y otras personas que trabajan en los sectores legales y judiciales.

Esto produjo una reacción en cadena. El primero en pronunciarse fue el Consejo de la Judicatura (CJ) que anunció que requerirá a todos los jueces que informen, de manera oficial, si el documento de ingreso a territorio estadounidense les fue retirado.

A la par, quiere obtener información de la Embajada para cotejar los nombres de los jueces y otros funcionarios que perdieron la visa y constatar si son los mismos que han sido separados por el CJ desde 2019 o permanecen en funciones. Para eso, piden la intervención de la Cancillería.

Quien también reaccionará es la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que hoy tendrá un pleno en el que uno de los puntos a tratar es precisamente el retiro de visas y luego habrá un pronunciamiento institucional. El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, le dijo ayer a EXPRESO que prefiere no adelantarse a la resolución conjunta, pero que respeta la decisión soberana de los Estados Unidos.

El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas, Ricardo Ramírez, calificó como indignante y preocupante que sea otro país el que tenga que poner en evidencia algo que es conocido internamente, pero por lo que poco o nada se ha hecho.

“Primero fueron los narcogenerales y ahora son jueces y funcionarios del sistema judicial bajo sospecha de actos de corrupción. No son todos, pero es evidente que las bandas delincuenciales han permeado el sistema”, señaló Ramírez.

La pretensión de control de la Judicatura tuvo ayer respuesta desde la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces que en un comunicado recuerdan que para llegar a estar en un tribunal han pasado por concursos de méritos y oposición, por lo tanto, han demostrado por “meritocracia” ser personas probadas.

Rechazan que con el requerimiento de que cada juez pruebe de que no le ha sido revocada la visa estadounidense se esté poniendo en duda la honorabilidad de los más de 2.000 magistrados que hay en el país en un “tema que atañe estrictamente a su esfera personal en el ámbito recreacional”, en referencia a la obtención de una visa.

Este Diario pudo conocer que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, una vez que evacúe proyectos que tiene pendientes, abordará el tema de las visas revocadas a funcionarios judiciales. “La comisión tiene otros temas que también son importantes, pero una vez que se los pueda resolver, por supuesto que indagaremos este caso, sobre todo por la falta de investigación de las autoridades”, señaló el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo.

Antes de que se haga público el pedido del Consejo de la Judicatura a la Cancillería para que obtenga información el canciller Juan Carlos Holguín aseveró que las relaciones de cooperación bilateral en temas de seguridad y lucha contra la corrupción con Washington atraviesan un “momento ejemplar”. Recordó que, en su momento, el Ministerio de Gobierno solicitó a la Embajada de Estados Unidos las “referencias” de los policías a los que se les habría revocado la visa, aunque el canciller no aclaró si esa información fue entregada.

Sanciones

Desde 2019, 240 servidores judiciales han sido destituidos: 75 jueces; 44 fiscales; 13 defensores públicos; y 108 servidores administrativos.