El Consejo de la Judicatura (CJ) tiene bajo la lupa a 61 jueces con carnés de discapacidad,  que aparentemente obtuvieron de manera irregular. La Dirección de Transparencia de la entidad solicitó a Talento Humano que verifique si dichos funcionarios se beneficiaron con el puntaje de acción afirmativa por condición de discapacidad, en los concursos públicos de oposición y méritos, impugnación y control social, para su ingreso, ascenso o promoción en la Función Judicial o si han sido beneficiados en la obtención de jubilaciones, mediante el uso de esos carnés.

El pedido se hizo luego de recibir un informe preliminar del Ministerio de Salud (MSP) el cual señala que, tras revisar la información que respalda la emisión de los carnés para personas con discapacidad, que consta en el Sistema de Información en Línea (SIL), “(…) del listado de los 98 jueces remitido por el Consejo de la Judicatura, 37 casos sí cumplen con la documentación registrada, 58 casos ingresan al proceso de verificación, es decir, no cumplen con las parámetros establecidos en la Ley y son sujetos al envío de información por parte del usuario y revisión física del expediente, y 3 casos no existen registrados en el SIL, por lo que se concluye que no deben haberse emitido carnés de discapacidad, en estos casos específicos”.

Con base en eso, la Judicatura está verificando los beneficios que obtuvieron los funcionarios judiciales que no han cumplido con los parámetros establecidos y que no están registrados en el SIL, como señala el MSP. El CJ ha reiterado que “no tolerará actos de corrupción de los servidores judiciales”, por lo que de encontrar irregularidades en las investigaciones, los resultados se remitirán a la Fiscalía y a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para que inicien las acciones penales y administrativas correspondientes, que podría significar la destitución del juzgador. 

La entidad está ahora a la espera de que el MSP entregue el resto de información que solicitó, para determinar la legitimidad de los carnés de discapacidad obtenidos por servidores de la Función Judicial, que incluye no solo a jueces, sino a conjueces, funcionarios jurisdiccionales y administrativos, fiscales, defensores públicos y notarios, informó el CJ.

El tema surgió tras los resultados de investigaciones fiscales que se desarrollan por presuntos actos de corrupción que surgieron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, y dentro de los cuales se descubrió que algunos procesados, como Daniel Salcedo Bonilla, habían obtenidos carnés de discapacidad para importar vehículos de lujo y obtener otros beneficios.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos informó, en ese entonces, que se detectaron 2.454 carnés ilegales que fueron puestos en proceso de anulación. En la lista de beneficiarios constaban nombres de jueces, deportistas, funcionarios gubernamentales y asambleístas. Se detectó además, que esos documentos efectivamente fueron emitidos durante la emergencia, pese a que el proceso estaba suspendido por el estado de excepción.

Ante eso, el pleno del CJ dispuso a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que “inicie una investigación rigurosa” que permita recabar elementos que sirvan para, de ser el caso, adoptar “acciones en el ámbito disciplinario, penal e inclusive tributario”. La información fue solicitada al MSP, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SNAE). También se pidió a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la institución, que verifiquen si la información y documentación presentada por servidores judiciales, con respecto a su condición de discapacidad, fue obtenida de acuerdo con las normas vigentes en el país.