Juan Pablo Albán, abogado del alcalde Jorge Yunda, llamado a juicio por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR para la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, durante la emergencia sanitaria de 2020, aclara que no abandonó la defensa del burgomaestre. 

Señala que, de común acuerdo, dieron por terminados los servicios porque no lograron acordar sobre las condiciones de los mismos. 

Albán indicó que el pasado 4 de mayo enviaron una propuesta al alcalde Yunda para la continuación de los servicios debido a que la intervención de Albán y Raúl Rosero terminó en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que Yunda y 13 personas fueron llamadas a juicio.

Manifestó que en su propuesta plantearon unas cinco condiciones para continuar con la defensa. De ellas, unas fueron aceptadas por el alcalde y otras no. Una de ellas que le pareció crucial a Albán, después de los hostigamientos que fue objeto por defender al burgomaestre, era que había que descontaminar políticamente la causa judicial. 

Al abogado le pareció "que lo indicado era que el señor alcalde dé un paso al costado. Él considera que no tiene garantías para hacerlo y eso es razonable no puedo pedirle que renuncie o pida licencia o nada de eso, no soy su asesor político ni su jefe, él puede tomar sus decisiones", reiteró.

Por eso, como no alcanzaron un acuerdo se separó de la defensa. Puntualizó que su opinión sigue siendo "es que es un proceso injusto y que todos son inocentes, incluido él y que lamentablemente el show mediático se ha ganado la causa".

En su cuenta de Twitter Albán escribió "ello obedece a que en mi criterio es indispensable descontaminar de lo político al proceso judicial, y a que al tener una diferencia de criterios al respecto, lo ético y responsable es dejar esta representación". 

En su cuenta de Twitter el alcalde agradeció a Albán por la defensa. Yunda es uno de 14 procesados por el posible delito y para la audiencia de juzgamiento deberá buscar los servicios de otros abogados que asuman el caso.