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José Tuárez seguirá en la prisión

La Sala Laboral de la Corte del Guayas negó el hábeas corpus que presentó su defensa, quien sostuvo que se ha puesto precio a la cabeza de su cliente

CURA TUAREZ
La defensa de Tuárez prefirió no pronunciarse luego de la resolución de la Sala.Pamela Vera Concha

La cabeza del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez Zambrano, tendría precio. Así lo reveló su abogada Teresa Rivas, durante la audiencia de hábeas corpus que se desarrolló esta mañana, ante jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ratificaron por unanimidad la prisión preventiva que pesa sobre él.

Según la defensora, su cliente le ha contado que otros detenidos se le acercaron para alertarlo del pedido que supuestamente se ha hecho (no saben quién) para que trasladen a Tuárez a la Penitenciaria, porque “su cabeza cuesta dos millones de dólares”.

Rivas teme que algo pueda pasar con la vida de su cliente, más aún, cuando no se ha cumplido con la orden que emitió el juez Marco Guerra en la audiencia de formulación de cargos desarrollada entre el 28 y 29 de noviembre, donde dispuso que el exfuncionario sea trasladado a la cárcel 4 de Quito. No obstante, desde entonces permanece en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil, junto con otras dos personas de las 33 que fueron procesadas por el delito de asociación ilícita, para supuestamente ofertar cargos públicos.

Esa fue una de las razonas por las que la defensora solicitó la libertad de Tuárez, dentro de la acción de hábeas corpus que presentó y que esta mañana fue analizada por los jueces Alexandra Novo Crespo (ponente), Rolando Colorado Aguirre y Andrés Alvarado Luzuriaga.

El cura Tuárez estuvo presente en la diligencia, pero mediante videoconferencia que se enlazó desde la Corte de Justicia con el CDP.

Luego de escuchar el fundamento de Rivas, la jueza Novo expuso en el veredicto que dentro del expediente que llevó el juez Guerra no existen vulneraciones de derechos constitucionales, ni vicios de procedimientos. “La prisión preventiva no es ilegal, ilegítima, ni arbitraria. Ha sido dictada por autoridad competente”, sentenció la magistrada, al negar el hábeas corpus.